El financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que está centrado en el proyecto para reducir las exenciones tributarias, sigue siendo el tema que complica el avance de la iniciativa en el Congreso y que hace dificil que comience a pagarse en febrero, fecha que busca el Gobierno.
La iniciativa para reducir las exenciones tributarias, que se va a revisar este lunes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, llega con la indicación de impuestos a altos patrimonios aprobada en la Comisión de Hacienda, una situación que fue indicada como inadmisible por parte del Ejecutivo.
Pese a esto, la oposición insiste en que La Moneda debe dar una alternativa, pensando especialmente en que el Consejo Fiscal Autónomo esta semana planteó que el Gobierno debe buscar nuevos métodos de financiamiento para la iniciativa de la Pensión Garantizada Universal.
Ante esta situación, la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), cuestionó en Cooperativa «tener una ley que se aplique y que nos dure ¿Cuánto, dos años? y después no tengamos cómo financiarla».
«Entonces yo creo que responsablemente, y eso es lo que hemos pedido durante este tiempo, es que el Gobierno entienda que podemos legislar en forma separada, perfecto, lo que haremos es coordinar para que ambos proyectos se aprueben en ambas Cámaras, pero que esté financiado«, puntualizó la parlamentaria.
Además, solicitó colocarse a «trabajar inmediatamente para buscar la fórmula del financiamiento. Planteamos los «súper ricos», se aprobó en la Comisión, pero hay varias otras fórmulas«.
En esta línea, su par Manuel Monsalve (PS) señaló que la oposición tiene total disposición para avanzar en esta iniciativa, pero que el financiamiento debe quedar asegurado, de lo contrario le estaría «metiendo la mano al bolsillo» del Gobierno entrante.
«Lo que uno le pide al Gobierno es responsabilidad y la responsabilidad es que los 3.000 millones de dólares tienen que estar financiados con recursos nuevos, y esto implica ampliar las exenciones tributarias para recaudar todos los recursos que se requieren», advirtió el diputado.
«Quiero volverle a insistir al Presidente Sebastián Piñera que haga un gesto republicano, que termine su Gobierno con dignidad y, desde esa perspectiva, que llegue a un acuerdo con la oposición y con el Gobierno entrante del Presidente electo Gabriel Boric para que se garantice el financiamiento total del proyecto de Pensión Garantizada Universal», puntualizó Monsalve.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró hay disposición por parte del Gobierno de explorar otras alternativas para avanzar en este proyecto, aunque con ciertas advertencias.
«Siempre está la voluntad de seguir conversando, pero seguir conversando en términos del financiamiento que pueda necesitar la PGU en el corto plazo y siempre conversar con la responsabilidad necesaria, y siempre y cuando también quienes están presentando las indicaciones se ajusten, por supuesto, a la constitucionalidad de las mismas», puntualizó el secretario de Estado.
En esta línea, señaló que «si eso está en ese marco en el que hay un buen ánimo de seguir conversando, por supuesto, tanto el ministro Cerda como los técnicos que trabajan con él van a tener esa conversación. Lo importante, creo yo, es que esto avance rápidamente para que el pago pueda hacerse en febrero«.
Más críticas están desde el oficialismo, luego que el diputado UDI Guillermo Ramírez acusara este sábado en Cooperativa que la oposición pretende torpedear el proyecto de la Pensión Garantizada Universal.
«Uno dice: si aprobaron unánimemente la Pensión Garantizada Universal y el Gobierno presenta un proyecto para poder pagarlo y no perjudicar al Gobierno de Gabriel Boric, para no perjudicar las arcas fiscales que él va a tener, por qué la oposición no aprueba también esto rápido y unánime e insiste en hacer cosas que ellos saben que son inconstitucionales, que obligan a ir al Tribunal Constitucional, y que al final del día solamente retrasan la entrada en vigencia del proyecto, y solamente perjudica a los adultos mayores», detalló el parlamentario.
Además, cuestionó que «si es que ellos quieren un impuesto a los «súper ricos», que es legítimo, está perfecto si lo quieren, en dos meses más pueden presentar un proyecto de impuestos a los «súper ricos»‘.
