Mientras la acusación constitucional que impulsa la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera sigue en proceso de redacción, algunos oficialistas se abren a revisar los hechos de fondo, que responde al eventual vínculo del Mandatario y su familia con la venta del proyecto minero Dominga en 2010.
Cabe recordar que antes de discutirse en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la argumentación del libelo debe ser analizada por una comisión, cuyos integrantes son elegidos al azar.
A parlamentarios de RN como Jorge Durán y Manuel José Ossandón que están dispuestos a estudiarlo, se suman representantes de la derecha más conservadora, como su correligionaria Camila Flores, todos quienes han calificado como insuficientes las explicaciones que ha dado el Gobierno hasta el momento.
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«Desgraciadamente, siempre queda este manto de incredulidad respecto de si es que el Presidente de la República tendría o no acceso a la información», planteó la diputada, advirtiendo que «en lo personal, no creo que el Presidente no haya tenido información respecto a este negocio: cuando están involucrados sus hijos, su círculo cercano y su amigo (Carlos Alberto Délano), es muy difícil».
Flores acotó luego que «espero que efectivamente en nuestro país se deje de privilegiar el interés económico, empresarial y comercial por sobre la protección del medioambiente» en zonas como la que debería albergar a Dominga.
Claudia Mix (Comunes), una de las impulsoras de la acusación constitucional, remarcó que esta «tiene los méritos suficientes, por lo que no nos sorprende que desde la DC hayan manifestado su apoyo, y que sectores de la derecha estén abiertos a estudiarla».
«Por un lado, creemos que hay una arista penal y jurídica que tiene que ser resuelta, y en lo político, sin duda que ha habido una falta a la probidad y de transparencia por parte del Presidente. Por eso, cada vez más son las figuras del oficialismo que están intentando desmarcarse de Piñera», afirmó.
