La permisología sigue dejando “víctimas” en Chile en el de por sí largo camino hacia el desarrollo. Es el turno de la empresa Ignis Energy que, según todo indica, retirará su proyecto de hidrógeno verde en Magallanes debido al complejo proceso burocrático que viene enfrentando desde que fue anunciado por el propio gobernador de Magallanes Jorge Flies en 2024.
No es la primera firma que hace notar que la trama burocrática hace muy difícil concretar una inversión de este tipo en el sur del país. “La burocracia de Chile: el muro para el proyecto estrella del hidrógeno verde en el sur del mundo”, tituló el diario El País en 2023 cuando se anunció el retiro de otro importante proyecto de hidrógeno del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La empresa española dio por terminados alrededor de 13 contratos de arrendamiento en Tierra del Fuego que abarcaban 100.000 hectáreas, informó “La Prensa Austral”. La iniciativa era alcanzar las 200.000 hectáreas, según trascendió.
“Para los inversionistas, el proceso ha sido demasiado lento, afectando la rentabilidad del proyecto. A raíz de ello, no pudieron avanzar en las fases de desarrollo, construcción y, mucho menos, operaciones. A juicio de la empresa, la demora prevista para recuperar su inversión ha generado dudas razonables sobre la viabilidad de materializar proyectos en Magallanes”, señala el medio chileno.
El proyecto esperaba generar 4500MG en una superficie de 200.000 hectáreas alquiladas, en principio, por 50 años, detalló el medio.
“Nuestro proyecto es del orden de cuatro mil 500 megas de energía para la producción de cuatro gigas de electrolizadores. Es una de las grandes iniciativas en la región y estamos muy contentos por los avances que hemos tenido para darle vida a esto”, agregó.
“Las inversiones en hidrógeno verde están frenadas por una burocracia excesiva, retrasos en los permisos, altos costos logísticos y una falta de infraestructura suficiente. Hay incertidumbre en el sector, lo que nos debilita frente a otros países como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, que han avanzado más rápido”, dijo el exseremi de Hacienda, Christian Gallardo a “La Prensa Austral”.
De hecho, el 22 de febrero recién pasado el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres anunció una inversión de USD 10.000 millones en su provincia destinados a un proyecto de hidrógeno verde. La iniciativa será llevada adelante por la firma polaca Green Capital S.A. Generaría 1000 puestos de trabajo. En el Congreso argentino todavía debe aprobarse la Ley de Hidrógeno Verder, pero se descarta que será “amigable” para las empresas que quieran invertir.
En octubre de 2022 la compañía del mismo sector HIF Chile decidió retirar del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el estudio del proyecto eólico Faro Sur, en otro antecedente que revela la trama burocrática. En diciembre de 2023 volvió a presentar su iniciativa. “HIF Global informó el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto parque eólico Faro del Sur al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, informaron.
“El proyecto, un joint venture de HIF Chile y Enel Green Power, contempla la instalación de 64 aerogeneradores de última generación, tendrá una capacidad de 384 MW y requerirá una inversión de USD 500 millones”, se detalló.
Funcionarios del gobierno chileno incómodos con sectores del desarrollo
Sin embargo, la cúpula medioambiental del gobierno de Gabriel Boric, liderada por la ministra Maisa Rojas, se ha mostrado reiteradamente en incómodos con los proyectos económicos en el sur de Chile. La salmonicultura y el hidrógeno verde no recibieron buenos conceptos de parte de este grupo de funcionarios.
“Por una parte, si se cuestiona el por qué y para qué del hidrógeno, resulta necesario volver al punto previo al diseño de la Estrategia Nacional y preguntarse si el desarrollo de este vector es la herramienta más adecuada para enfrentar los desafíos energéticos de Chile. En consideración de las distintas vulnerabilidades y situaciones de injusticia ambiental en Chile, la priorización de crear una industria de exportación energética arriesga profundizar estas relaciones de dependencia y seguir postergando una agenda de superación de pobreza energética, en especial desde la exclusión de las miradas territoriales, en su amplio espectro, en las decisiones y equidad en la información necesaria para las primeras”, señalan los autores en las conclusiones. Proaño Ugalde fue coordinador de Energía y Equidad en la Fundación Heinrich Böll antes de ocupar su actual cargo.
Según cálculos sectoriales, durante el primer semestre de 2024, la inversión extranjera acumuló US$8.432 millones, sin embargo, al menos US$ 10.000 millones se perdieron por trabas burocráticas que estuvieron impregnadas de burocracia y fanatismo ecológico.
Entre ellas se cuentan la inversión de Colbún, que suspendió su proyecto de energía renovable en Antofagasta por US$1.400 millones y la de Arauco que movió el proyecto de su planta a Sucuriú, estado de Mato Grosso do Sul, una inversión de US$ 4.600 millones.
