La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la violencia que se vive en la provincia de Arauco, lamentando la muerte de un comunero ocurrida el pasado miércoles durante un operativo concretado en la comuna de Cañete, región del Bío Bio. Al respecto, Jan Jarab, representante de dicho estamento, señaló que «los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público».
La ONU lamentó este viernes la reciente muerte de un comunero en un operativo de seguridad en la provincia de Arauco, región del Bío Bío, y expresó su preocupación por lo que denominan como la militarización decretada por el Gobierno en la zona y la escalada de violencia que se da en el marco del llamado “conflicto mapuche”.
A través de un comunicado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Santiago de Chile, instó a las autoridades a realizar una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” de los hechos, que tuvieron lugar el pasado miércoles en la región del Bío Bío.
De acuerdo con la información recabada por el organismo de Naciones Unidas, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares, en los que Jordan Llempi Machacan (23) resultó muerto y al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos.
La Oficina Regional de DD.HH. de la ONU recordó al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, “es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente”.
En ese sentido, expresó su “preocupación” por el Estado de Excepción Constitucional impuesto por el Gobierno en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, medida que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, dijo el representante de la Oficina para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab.
La autoridad de la ONU, recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, la oficina de la ONU condenó la espiral de violencia en la zona e hizo un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales.
