Las últimas semanas y meses hemos sido testigos de cómo algunos hacen lo que sea para intentar eludir sus responsabilidades por acciones u omisiones que lindan con la ilegalidad, inmoralidad y faltas a la ética.
A juzgar por la mala actitud que exhiben impúdicamente ciertos personajes, pareciera que nuestra sociedad no sólo está enferma sino verdaderamente grave, con síntomas de descomposición que la tienen al borde de un nuevo colapso sistémico, similar al que precedió al estallido de octubre de 2019.
No son pocos los investigadores y sociólogos que sostienen que las causas de la revuelta permanecen larvadas, corroyendo el cuerpo social, y que las promesas de avanzar hacia un país más justo y equitativo lentamente han sido postergadas por poderosos grupos de presión, cuyos intereses siempre han marchado a contrapelo de lo que la ciudadanía necesita y exige.
La desafección que experimentan diariamente los hombres y mujeres comunes hacia las instituciones que dicen representarlos se manifiesta en el creciente desapego por participar de la vida democrática, cuestión que quedó demostrada en la última elección obligatoria de consejeros constitucionales, en la que el 21,53% de los electores (2.687.978) prefirió anular el voto o simplemente dejarlo en blanco, una cifra que situó a este grupo como tercera mayoría, superando a conglomerados tradicionales del oficialismo (PPD, DC y PR) y de la oposición (UDI, RN y Evópoli).
Puestos en el escenario actual, tanto los políticos como las autoridades de gobierno no han contribuido mucho a disipar las dudas que manifiesta la gente acerca de si estas personas los representan realmente, porque los errores no forzados – prefiero pensar que es así- ocurren cada vez con mayor frecuencia y sus consecuencias afectan la cotidianidad de los territorios.
Los casos de notable imprudencia, desatino e inexperiencia política de la exministra del Interior Izkia Siches, quien recién llegada pretendió ingresar a la comunidad de Temucuicui sin medir las consecuencias de su atrevida incursión; o recientemente de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que debió disculparse por su poco empático comentario acerca de la muerte de una lactante en plena crisis sanitaria por el aumento de casos de virus respiratorio sincicial; o la inhumana crítica de la diputada independiente pro Renovación Nacional (RN) María Luisa Cordero a la senadora independiente Fabiola Campillai, víctima de una bomba lacrimógena que impactó en su cara dejándola ciega; o la filtración a comienzos de este año del audio de una reunión en la Cancillería en la que se abordaba en pésimos términos la molestia que provocó al embajador de Argentina, Rafael Bielsa, el descarte definitivo del proyecto Minera Dominga y que le costó el cargo a la ministra Antonia Urrejola y a otros altos funcionarios, más otras deplorables actuaciones de personeros de todas las tiendas políticas, son muestra palpable de irresponsabilidad y puerilidad.
Hasta ahora sólo ha habido reproches éticos, multas y renuncias, pero ninguno ha tenido que enfrentar a la Justicia, cuestión que podría cambiar luego que el diputado RN Miguel Mellado reconociera hace algunos días que fue él quien grabó y filtró un audio a un medio de comunicación con los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric, en una reunión privada en la que se estaba tratando el tema de la violencia en la Macrozona Sur, pese a que horas antes de que estallara el escándalo el parlamentario de derecha condenaba lo ocurrido y pedía fuertes sanciones para el o los responsables, a sabiendas de que el autor del ilícito era él.
Mellado mintió e intentó eludir su responsabilidad directa en el delito que está sancionado con pena de reclusión menor por transgredir los artículos 161 A y B del Código Penal, de lo cual se arrepintió la semana pasada, probablemente luego de recibir asesoría legal y de conocer los alcances jurídicos de su impertinencia.
La defensa corporativa de su sector no tardó en llegar y los mismos que pedían cárcel para el responsable de la filtración, al enterarse de que era uno de los suyos y no del oficialismo como suponían, cambiaron rápidamente el discurso inicial por uno más blandengue suplicando clemencia y perdón para el irresponsable.
Apenas conocidos los hechos la Fiscalía abrió una investigación, la cual debería culminar con la formalización y petición de desafuero del parlamentario. De no ser así, el mensaje que se estaría enviando es que existen chilenos de primera y segunda categoría, un pésimo ejemplo -uno más- y otra razón para que los ciudadanos y ciudadanas continúen distanciándose de las instituciones que deben velar por el estado de derecho y la profundización de la democracia.
