El escándalo de los dineros entregados a dedo a fundaciones y ONGs vinculadas a funcionarios continúa impactando en la imagen el gobierno de Gabriel Boric y ahora alcanzó al municipio de Puerto Natales.
La Alcaldía Ciudadana no quedó exenta de las controversiales maniobras de dinero. Según informó El Líbero en la últimas horas, el municipio local destinó de manera directa (“trato directo” en la terminología municipal) más de $7 millones a la ONG jurídico ambiental FIMA por un tema de asesoramiento. No hay mayores justificaciones frente a este gasto.
Se trata de una orden de “compra” por “Servicios Especializados” a la ONG de parte del municipio natalino traducidos en $ 7.832.388 pesos. Esta figura como realizada el 22 de agosto de 2022.
“FIMA tiene contratos de asesorías con nueve municipios y la seremi RM de Vivienda por más de $68 millones entre 2020 y 2022”, recuerda el Líbero en su artículo dedicado a las transferencias cuestionables.
Y detalla los montos: “Ñuñoa ($16,2 millones), Maipú ($16,6 millones), Quilicura ($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor ($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 millones), Natales ($7,8 millones) figuran entre los clientes de FIMA”.
En su definición FIMA o Fiscalía del Medio Ambiente es una ONG destinada a “promover activamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano y velar por la protección del patrimonio ambiental…”.
Lo cierto es que FIMA aparece involucrada como contraparte y férrea opositora en numerosos proyectos de desarrollo industrial e inmobiliario interponiendo recursos de variada índole.
Su director ejecutivo es Ezio Costa ex vocero ambiental de la campaña de Boric, abogado de la ONG y Oceana en los juicios contra Dominga. Por supuesto FIMA ha tenido un rol preponderante en la discusión legal por la mina Dominga.
Pero desde ya resulta sospechoso que una ONG de la que participa en un rol clave un ex vocero presidencial tenga un acceso directo a los fondos de los municipios que son más o menos cercanos políticamente hablando al propio presidente.
“Costa, fue miembro de su comando junto a la hoy ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y uno de sus principales voceros”, sigue el artículo.
La orden del municipio de Natales indica: “Orden de Compra generada por Servicio Especializado”. Se entiende que el vínculo con la Alcaldía Ciudadana posee más de un rasgo ideológico.
La alcaldesa Antonieta Oyarzo se ha manifestado en varias oportunidades contraria la presencia de la salmonicultura en la zona y Costa aparece en este escenario como actor importante de una firma jurídica ambiental y como abogado de Oceana, una de las ONG más importantes del planeta y detrás de la cual se encuentra nada menos que la familia Rockefeller. El directorio de Oceana estuvo reunido a 5 kilómetros de Natales en abril pasado.
FIMA tiene un rol preponderante en la guerra que libran ONGs extranjeras en contra de la industria del salmón.
En más de una oportunidad Oyarzo ha asegurado que el municipio está quebrado, pero, visto el pago, se comprende ahora que no estaba tan “quebrado” como para no apoyar a FIMA con una cifra millonaria.
Resulta casi irónico que un municipio que aun no ha logrado concluir su “Relleno Sanitario”, en el que van invertidos más de $5000 millones y un vertedero que ha merecido la atención del Tribunal Ambiental de Valdivia por la contaminación gasta más de $7 millones en una asesoría jurídico ambiental cuyo resultado no está claro puesto que ambos problemas persisten. O bien el dinero fue utilizado en otras cuestiones ambientales que se desconocen.
Por otro lado, Costa actuaba como asesor de la fundación Democracia Viva, envuelta de lleno en la polémica por la recepción de una millonaria cifra en contratos que supera los $ 400 millones. Costa finalmente renunció a su cargo.
Recordemos que la Asociación de Funcionarios del Serviu apuntó contra la organización Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, relacionada, funcionarios militantes mediante, con Revolución Democrática el partido de Giorgio Jackson, por la contratación y pago directos de millonarias partidas de dinero desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. También quedó entrampada en el escándalo la diputada Catalina Pérez, pareja o ex pareja de Andrade. En total estas asignaciones sin control y sin mayor explicación alcanzaron los $426 millones destinados al acondicionamiento de campamentos, sector en el que DV no tiene antecedentes.
Los tratos directos entre municipios y ONGs siguen aflorando a medida que pasan los días. La Controlaría General de la República cuestionó en este marco a la municipalidad de Nuñoa por contratar en la modalidad “trato directo” a la misma ONG FIMA. El argumento indica que “no se contemplaron los motivos de la contratación, ni la verificación de la idoneidad técnica del prestador, y no se explicaron las razones por las cuales ese trabajo no podía realizarse con de la municipalidad. La alcaldía apelará al dictamen”, según reflejó La Tercera.
¿Podría suceder lo mismo en Natales?
