A siete meses de que la Corte Suprema acogiera los recursos de protección y fijara una nueva doctrina respecto del plan base y la tabla de factores de las isapres, la vocera del máximo tribunal y presidenta subrogante de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, en una entrevista con el diario La Tercera, lanzó un misil a la ácida polémica sobre cuánto se debe pagar y a qué afiliados del sistema de salud privado: “Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, dijo este domingo.
Durante el tiempo transcurrido entre la sentencia y la entrevista de la periodista Leslie Ayala publicada por el matutino, los dimes y diretes sobre los alcances de la sentencia han alcanzado bordes surrealistas, y sobre la cual actores de los tres poderes del Estado más los directivos de la propia industria involucrada han opinado y dedicado sus mejores argumentos a interpretar de diversas maneras el fallo. Todo lo cual ha provocado que se transforme en una entelequia que hace necesaria una precisión definitiva de sus autores. No hacerlo podría tener alcances insospechados en la credibilidad y seguridad que debe entregar siempre el sistema judicial, una opinión compartida por juristas, políticos y autoridades del Gobierno.
Para salpimentar aún más este ya condimentado plato de entuertos, la abogada Vivanco expresó que durante estos meses nadie se había acercado al máximo tribunal a pedir que aclarara de una buena vez quiénes serían o son los beneficiarios definitivos de la mediática sentencia, lo que abre una interrogante mayor sobre la seriedad y competencia profesional de los administradores del sistema.
La noche del mismo día de las revelaciones, en horario prime, el Presidente de la República, en una entrevista con Chilevisión, aseveró que los jueces hablan a través de sus sentencias, en un intento por bajar el ruido que provocó el bombazo periodístico y anunció que había instruido a sus colaboradores para que presentaran a la brevedad un recurso de aclaración.
Pero la polémica no paró ahí, puesto que la mañana de este lunes, en entrevista con radio Cooperativa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ratificó lo dicho por el Jefe de Estado y calificó lo declarado por la vocera de la Suprema como “una simple entrevista”. Pero no contento con su “ninguneo”, le recordó a la ministra Vivanco lo que aprenden los estudiantes de primer año de Derecho: “Los jueces hablan a través de sus sentencias”.
Desde mi punto vista, lo más insólito de esta comedia de equívocos, que ha motivado proyecciones catastrofistas por el alto monto que deberían pagar las isapres a los afectados (se habla de 1.400 millones de dólares) y que supuestamente las llevaría a la quiebra, es que la ministra Vivanco haya declarado que “nosotros en esa resolución dijimos que no teníamos ningún conocimiento de los cálculos y de los estudios asociados con el cumplimiento del fallo que se han hecho, ya sea por parte de la Superintendencia o de las isapres, porque nunca se nos ha consultado tampoco sobre esta materia”.
Es decir, aunque el mundo se venga abajo y se pierda tiempo y recursos, si no les preguntan no hablan y dejan que los incumbentes sigan enfrascados en debates que no conducen a nada y persistan en el error de interpretar el fallo de acuerdo con sus propios intereses. Mala cosa y un pésimo precedente dejar que esto siga adelante sin escuchar la voz definitiva de la justicia, que aclare de una vez por todas los alcances de su sentencia.
