El municipio de Puerto Natales envió a los concejales los antecedentes parciales del contrato directo en 2022 con la ONG FIMA por una asesoría referida a los humedades urbanos de la localidad.
La alcaldesa Antonieta Oyarzo sólo liberó los documentos públicos después de la reiterada insistencia de los concejales Marcelo Contreras y Verónica Pérez y de los artículos que aparecieron en medios nacionales regionales, como La Tercera, El Líbero, Zona Zero, MasNatales, entre otros, donde se denunciaba que FIMA había mantenido acuerdos directos con otros 8 municipios por $68 millones, casi la mitad de ellos en 2022, un hecho que estaba y está siendo observado por Controlaría General de la República. En verdad, el organismo ya invalidó uno de estos contratos con el municipio de Nuñoa.
Durante el último Concejo Municipal la alcaldesa Oyarzo se comprometió a enviar los antecedentes de lo obrado, y por lo que ya se pagaron $3,5 millones de un total de $7,8 millones con los fondos públicos, a los demás concejales y a los medios, pero nada sucedió en los siguientes dos días.
El contrato con el municipio quedó inconcluso y la alcaldesa tampoco ha explicado porqué y qué ocurrirá con los módulos faltantes o si será todo invalidado por la municipalidad.
Por lo demás, falta el documento donde queda debidamente constatado todo lo que ocurrió en este marco. Los concejales confirmaron que ellos no participaron de las actividades ni fueron convocados.
Este viernes la concejal Pérez y el concejal Contreras se comunicaron con este medio y explicaron que desde hace más de una semana venían solicitando los documentos que permitieran entender qué se acordó con FIMA.
“Yo solicité el jueves pasado el decreto y lo comenté en mi espacio en radio Faraónica. En el Consejo Municipal reiteré que tenía la información, pero no completa. Este viernes a las 8:30 envíe un correo solicitando toda la información sobre ONG FIMA, y me respondió secretaria municipal. Me enviaron todos los antecedentes. Posterior a ello se la reenvío a todos los concejales”, señaló el concejal Contreras a este medio.
Desde el municipio entregaron a los concejales una serie de documentos que incluyen, en principio, una larga explicación donde se justifica porqué las autoridades debieron contratar a una ONG especializada y no se utilizaron a los abogados del propio municipio o de Cormunat.
Planteado esto, el adjunto continúa con una serie de documentos donde resulta vagamente pormenorizado lo que se desarrolló como parte del servicio vendido, los días de las actividades y las boletas pagadas correspondientes. Fueron pagadas 2 por un monto de poco más de 2 millones de pesos. Se deduce que hay más boletas, según lo declarado por Oyarzo, hasta alcanzar los $3,5 millones aproximadamente.
En el cronograma se registran actividades en relación a este acuerdo del 12 al 16 y el 21 de julio, luego del 15 al 30 de septiembre y finalmente los días 23 y 24 de agosto. Sin embargo, del 15 al 30 de septiembre fueron ocupados en la “Elaboración y planificación de la etapa de predeclaración sobre levantamiento de información (usos y servicios ecosistémicos) y socialización de la ley y elaboración de Carta Gantt con planificación de talleres a municipalidad, a juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, y planificación de levantamiento de información/elaboración de propuesta declaratoria”.
En otras palabras, se consumieron dos semanas en planificación, levantamiento de datos y elaboración de una propuesta. En total, según consta, son 22 los días exclusivamente dedicados a las necesidades del municipio por un total de $3.5 millones, parte de lo cual ocurrió por Zoom.
Visto desde esta óptima no es un mal “negocio”.
Quién firma las certificaciones por actividades realizadas es Enzo Costa Cordella, director ejecutivo de FIMA. Costa fue, según recuerda El Líbero, el vocero ambiental de la campaña del presidente Gabriel Boric, abogado de la poderosa ONG ambientalista Oceana de la familia Rockefeller, vocero de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y autor del libro “Por una Constitución Ecológica”.
A su currículum Costa le suma haber sido asesor de Democracia Viva la ONG que recibió $426 millones en un acuerdo con el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Costa renunció en el marco de este escándalo.
Es decir, sus contactos con el gobierno del presidente Boric son directos y claros. Este angulo permite entender porqué FIMA es tan exitosa “ganando” contratos directos con los municipios que mantienen simpatías gubernamentales.
Por otro lado, FIMA fue una de las ONG opositoras y asesoras legales en el caso de Dominga, pero también de Mina Invierno, cuyo cierre dejó a más de 1000 magallánicos sin trabajo.
Al menos, por lo que se ve, a FIMA el trabajo no le falta.
