El país vive tiempos complejos en términos institucionales. Las injusticias, malos manejos, y «pillerías» de una buena parte de la clase política tienen inmersa a la ciudadanía en una falta profunda de confianza.
Pero pareciera no entenderse, o simplemente que les diera lo mismo. Desde la propia Intendencia de la Región de Magallanes salió hace unos días un comunicado de prensa hacia todos los medios de comunicación sobre el inicio de las postulaciones al Reactívate Pesca Artesanal de Sercotec.
En la misiva se dan a conocer las instrucciones detalladas que apuntan a fortalecer dicho sector productivo, una ayuda importante en estos tiempos de pandemia, y donde lo económico es una preocupación cotidiana para cualquier trabajador.
Pero cabe destacar, que en la foto que se envía para promocionar el programa de reactivación no aparecen los pescadores, ni algún trabajador que pudiera beneficiarse, o las familias que podrían recibir indirectamente dicha ayuda, si no que (con actitud de campaña electoral) es la propia directora regional de Sercotec, María Soledad Solo de Zaldivar, quien además es candidata a concejala de Punta Arenas por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
Según la Ley N° 18.695 en su artículo 74 respecto de inhabilidades para ser candidato o candidata a Alcalde o Concejal, señala que no podrán inscribir una candidatura “Los ministros, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los consejeros regionales, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República. Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.”
Y aunque parece inentendible para muchos, no hay restricción para los directores regionales de servicios. Un cargo netamente político en la mayoría de los casos. Del tema no se habla en medios oficialistas, y tampoco de forma pública desde su propio partido político. El presidente regional de la UDI, Fernando Paredes, (también alcalde de Natales) ha guardado “silenzio stampa” frente al hecho. Aunque su postura sobre casos que son permitidos por la Ley, pero que rozan lo poco ético ya la ha dado a conocer en entrevistas anteriores.
Resguardando justamente dicha lógica: “La ley dice eso, y nosotros no estamos sobrepasando la Ley”, afirmó cuando era consultado por anteriores denuncias por el caso Itelecom, o por el millonario despido de unos de sus funcionarios de confianza y su recontratación a los días después.
Hay molestia en candidatas y candidatos a la concejalía de Punta Arenas del propio sector de Solo de Zaldivar. Encuentran “inaceptable y vergonzoso” que el Gobierno a nivel local se preste para una situación así, y van más allá: “Acá lo que vemos es un intervencionismo electoral. Además de una falta de respeto. »
Cuando las instituciones caen estrepitosamente en niveles de confianza, cuando la ciudadanía está pidiendo mayor transparencia, y equidad en todo ámbito de cosas, situaciones como estas se vuelven incomprensibles. Pero mucho menos entendible es el silencio de las autoridades y de las propias dirigencias de partidos políticos, de todos los sectores, en avalar con su mutismo actos de esta naturaleza que siguen enlodando a la política y a quienes están en ella.
