Al empresario presidente le encanta caminar por la cornisa y sentir el vértigo que produce mirar desde arriba cómo se alborota la ciudadanía ante los escandalosos pormenores de sus negocios.
Está acostumbrado, lo ha hecho una y otra vez, aun cuando sus acciones le produzcan al país un daño difícil de revertir.
Algunos sostienen que no hay de qué preocuparse, total su mandato finaliza en marzo y solo quedará la estela pestilente de un gobierno sin vergüenza, carente de autocrítica y que pasará a la historia como el más deficitario desde el retorno a la democracia.
La última semana ha tenido que enfrentar dos veces a la prensa para tratar de explicar su participación en la venta del controvertido proyecto Minera Dominga. Y no hubo una tercera comparecencia sólo porque el sábado debieron poner la cara los presidentes de los partidos de la coalición oficialista, quienes repitieron majaderamente el argumento de la cosa juzgada, de un inexistente “golpe blanco” y de un fantasioso quiebre del estado de derecho.
Hace rato que nadie toma en serio su argumentación tramposa, falaz, que solo busca confundir a la opinión pública y ganar un poco de tiempo para preparar su defensa antes de enfrentar la acusación constitucional que patrocina un grupo de diputadas y diputados.
Asimismo, si prospera la investigación que abrió de oficio la Fiscalía por eventual cohecho, soborno y delito tributario, también deberá convencer a los jueces de que es inocente y que el contrato que firmó en Islas Vírgenes Británicas es lícito, pese a que la reciente revelación de los Papeles de Pandora apunta en la dirección contraria, al poner sobre la mesa un antecedente desconocido hasta hace unos días, la existencia de una cláusula que condicionaba el tercer pago de la multimillonaria operación de compraventa de Dominga a que no se declarara zona protegida el territorio donde se instalaría la faena minera, una decisión que dependía del gobierno de Piñera, quien ya había hecho gestiones directamente para abortar el proyecto Barrancones, que se situaría en la misma área.
El margen de operación del presidente es cada vez más reducido y la espada de Damocles pende sobre su cabeza, como en 1982, cuando estuvo prófugo de la justicia durante 24 días, luego de ser declarado reo por su presunta participación en la quiebra del Banco de Talca, institución en la que ocupaba el cargo de gerente.
En aquella oportunidad se salvó de ir a la cárcel por la intervención directa de la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, quien accedió a la petición que le hiciera José Piñera, hermano del futuro mandatario, para que hablara con el juez Luis Correa Bulo, encargado de la causa.
Como el gran ilusionista Harry Houdini, no existen cadenas que lo puedan detener por mucho tiempo, puesto que siempre encuentra la forma de eludir los cerrojos.
La primavera chilena nuevamente nos sorprende, porque el mismo día que la Fiscalía anunció que investigaría la operación realizada por el presidente en un paraíso fiscal, dos exgenerales directores de Carabineros fueron enviados a prisión preventiva luego de ser formalizados por malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público.
El mismo tribunal ordenó firma mensual y arraigo nacional para Javiera Blanco, exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros, por el presunto delito de malversación de gastos reservados.
La esperanza y confianza crecen cuando las instituciones fiscalizadoras hacen su trabajo, sin desviarse un milímetro, aunque los involucrados tengan un alta investidura o rango.
Abramos puertas y ventanas, los nuevos aires que soplan de norte a sur y de mar a cordillera están comenzando a barrer la basura que durante años se ocultó bajo la alfombra del poder.
