La fe pública es un concepto que trasciende la esfera procesal, jurídica o notarial: la fe pública la entendemos -solo para los efectos de esta reflexión- como la credibilidad otorgada a las autoridades y a las instituciones, la cual radica en el público, en los ciudadanos. Dicha credibilidad se confiere, tanto por el origen legítimo de las instituciones y autoridades, como por la espontánea confianza y legitimidad que otorga la ciudadanía a quienes detentan un cargo en el marco de un sistema democrático.
Sobre esta base conceptual, se entiende que la mentira, la falsedad y el engaño son conductas reprobables que atentan contra la fe pública y la credibilidad de las instituciones democráticas.
En dictaduras, la fe pública no existe. Su valor moral ha sido destruido por la fuerza, la violencia, la opacidad y la arbitrariedad.
En democracia, en cambio, la fe pública es esencial.
Lo que diferencia a la democracia de las dictaduras, es precisamente el esfuerzo ético colectivo e individual por construir un marco de credibilidad, confianza y fe pública.
El uso de la mentira en las prácticas políticas, ya sea de las autoridades elegidas o de las instituciones, dan ocasión a la pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas. El engaño, la negación de información, la falta de transparencia, el ocultamiento de información, el falseamiento de datos, son parte de las prácticas frecuentes que ocurren en las instituciones estatales, para defender y/o preservar la razón de Estado, la seguridad o el prestigio de una determinada autoridad, funcionario u organismo público.
La fortaleza de la democracia y de sus instituciones y prácticas, reside, entre otros factores, en la disposición de los ciudadanos de otorgar credibilidad y fe pública a quienes detentan el poder y la autoridad.
Desde este punto de vista, puede afirmarse que la fe pública, es un bien público. Un bien público intangible, pero de cuyo respeto y valoración depende en gran parte la credibilidad de la democracia.
