Tenemos la impresión que con el transcurrir del tiempo, se ha producido una revalorización de la figura de Patricio Aylwin Azócar y de su gobierno (1990-1994). Para mucha gente fue una administración que llegó al poder con un alto apoyo ciudadano (55.2%) y que es conocida en muchos sectores como el gobierno de la transición.
El gobierno de Aylwin fue el que inició el retorno al sistema democrático en el país, luego de dieciséis años y medio de una dictadura cívico militar.
Por lo mismo, existió mucha expectación por comprobar cómo iban a ser las relaciones entre un gobierno civil y los antiguos personeros del régimen de facto. Se imponían una serie de temas de interés ciudadano; los cuestionamientos sobre si ¿Se mantendría el modelo neo liberal en lo económico? ¿Habría justicia por los crímenes y vejámenes perpetrados por agentes del Estado en el período 1973-1990, contra las personas, por el simple hecho de pensar distinto o tener una posición política de izquierda? ¿Cómo se llevarían civiles y militares en esta nueva etapa de la historia de Chile? ¿Cómo podrían gobernar en un mismo conglomerado, antiguos y acérrimos adversarios como habían sido la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS)?
Había también curiosidad por saber cómo funcionaba un Congreso Nacional con sus respectivas cámaras; mucha gente joven que votó en el plebiscito del Sí y el No, el 5 de octubre de 1988, y que señaló el principio del fin del mandato del general Pinochet, era una generación que desconocía absolutamente el sistema democrático compuesto por los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, actuando con total autonomía.
De entrada, el gobierno de Patricio Aylwin asumía el mando de la nación en medio de todas las miradas de la comunidad internacional, que no podían entender, cómo un Jefe de Estado carecía de atribuciones legales para remover a los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Y es que Aylwin tuvo que gobernar haciendo frente a las atribuciones que la Constitución de 1980 otorgaba a los militares y, a las leyes de amarre dictadas en el verano de 1990, que restringían aún más, el accionar del nuevo gobierno.
Con todas las dificultades descritas, a esta administración se le recuerda por haber promovido una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyos resultados se plasmaron en el denominado “Informe Rettig”, (1991) que estableció lo ocurrido con los muertos y desaparecidos durante la dictadura. El gobierno sentó las bases para el funcionamiento del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) (1991) cuya primera directora fue Soledad Alvear. Otro aspecto esencial fue lo tocante a los pueblos originarios. Durante la administración Aylwin se iniciaron los estudios que dieron vida en 1993, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Contrario a lo que se preveía, el gobierno tuvo un gran éxito en materia económica creciendo a un promedio anual del 7.3%. Para diferenciarse de la dictadura, el propio Aylwin solía llamar “Modelo social de mercado”, al sistema heredado. El Ejecutivo salió airoso en reiteradas ocasiones en las negociaciones con la oposición, lo que permitió consolidar varios proyectos de ley, como la Reforma Tributaria, que a la postre permitió al fisco recaudar una gran cantidad de recursos, que hizo posible aumentar un tercio el gasto social.
Sin embargo, hay un tópico de ese gobierno que no ha sido lo suficientemente analizado. A nuestro entender, uno de los mayores logros de aquella administración, se refiere a la estabilidad política. La mayoría de los ministros escogidos por Aylwin estuvieron en La Moneda con el Presidente, desde el primer hasta el último día de gobierno.
Aylwin nombró a los demócratas cristianos Enrique Krauss en Interior; Patricio Rojas, en Defensa; Alejandro Foxley, en Hacienda; Francisco Cumplido, en Justicia; René Cortázar, en Trabajo; Jorge Jiménez, en Salud; Juan Hamilton, en Minería; Alberto Etchegaray, en Vivienda; Sergio Molina, en Odeplán y Edgardo Boeninger, como Secretario general de la presidencia. A los socialistas, Carlos Ominami, en Economía; Enrique Correa, en la Secretaría general de gobierno; Luis Alvarado, en Bienes nacionales; Germán Correa, en Transporte y Telecomunicaciones y, a Jaime Tohá en la Comisión Nacional de Energía. El Partido por la Democracia recibió dos carteras: Ricardo Lagos, en Educación y René Abeliuk, en la Corporación de Fomento (Corfo); al igual que los radicales, con Enrique Silva Cimma, en Relaciones Exteriores y Juan Agustín Figueroa, en Agricultura. Un independiente, cercano al liberalismo, Carlos Hurtado, fue nombrado en Obras Públicas.
Aylwin hizo escasos ajustes en su equipo ministerial: a fines de septiembre de 1992 renunció Carlos Ominami para apoyar la precandidatura presidencial de Ricardo Lagos, que también dejó el gobierno. Ambos fueron reemplazados por Jorge Marshall y Jorge Arrate, respectivamente.
En esa fecha también abandonaron sus cargos, Germán Correa, para preparar su presidencia al Partido Socialista y Juan Hamilton, que postuló con éxito al Parlamento. En sus lugares, Aylwin designó a Germán Molina y, a Alejandro Hales. Un mes más tarde, el 30 de octubre de 1992, presentó su renuncia el titular de Salud, Jorge Jiménez, como una forma para descomprimir la presión del Colegio Médico y de los gremios; en su lugar, asumió Julio Montt Momberg.
Sin ninguna duda, buena parte del éxito de la administración Aylwin se debió a la firme convicción del Presidente hacia sus ministros y de la sinergia existente entre ellos. No olvidemos que el gobierno tuvo que superar varios impasses con el Ejército, como un ejercicio de enlace y un boinazo, que obligó estar más alerta y unidos que nunca.
