Por Claudio Andrade
Las primeras alertas rojas del mercado y de la clase política de derecha comienzan a aparecer en el horizonte informativo.
La última votación en Chile, con mayoría para los independientes y la izquierda del país, algo que afectará de pleno en el proceso constituyente, provocó un fuerte temor en las plataformas políticas tradicionales.
En su visión gruesa, las reformas tendientes a garantizar más derechos a los ciudadanos chilenos terminarán provocando disonancias presupuestarias que implicarán un aumento en la solicitud de créditos al mercado externo.
En otras palabras, aunque los nuevos derechos podrían traducirse en una mejor calidad de vida y oportunidades para los chilenos estos afectarán el flujo de caja nacional. Y, en definitiva, le quitarán ganancias a las grupos dominantes. ¿Es malo eso?
Otra de las advertencias es que la nueva Constitución seguramente exigirá un mayor compromiso ambiental a las mineras e impuestos del 75%. Dos cuestiones que parecen vistas como una complicación para el sector en lugar de auténtico avance en lo que a recaudación nacional se refiere.
“Una amplia mayoría del 40% de los chilenos que se molestó en salir a votar escogió a muchos independientes y pocos derechistas en el grupo de 155 personas que redactará la nueva Constitución a partir de comienzos de julio de 2021. Con solo 37 escaños en la convención, la coalición derechista Chile Vamos del presidente Sebastián Piñera tendrá poco que decir en una asamblea donde los representantes de los distintos partidos de izquierda y la mayoría de independientes, también de izquierda, harán fuerzas para reformar el modelo neoliberal que está plasmado en la Constitución de 1980, adoptada bajo la dictadura militar”, arranca en su artículo Patricio Navia, El politólogo chileno y profesor en NYU, que fue reproducido por el servicio de noticias de Yahoo y La Nación de Buenos Aires, entre otros.
“Si bien Chile se ha desarrollado más rápido que cualquier otro país de América Latina desde el retorno de la democracia en 1990, muchos chilenos culpan a la Constitución por los altos niveles de desigualdad y los abusos a los derechos de los consumidores que existen en el país”, sigue.
“Aunque Chile nunca tuvo niveles tan bajos de pobreza y la desigualdad era menor en 2019 antes que en cualquier otro momento de la historia, el origen autoritario de la Constitución la hacía inaceptable para muchos y la convirtió en el chivo expiatorio favorito para los que quieren cambiar el país”, continúa.
“Con la composición abiertamente izquierdista de la convención, la próxima Constitución—que deberá ser ratificada en un plebiscito a realizarse en la segunda mitad de 2022—otorgará un papel más importante al Estado en la economía y ampliará con fuerza el capítulo de derechos de las personas”, afirma.
“Uno de los derechos más importantes será el de una pensión digna, que probablemente implicará la creación de un sistema público que remplace al sistema privado de cuentas individuales para las pensiones (AFP) implementado también en dictadura. Como la convención tendrá la facultad de poner derechos garantizados poniéndolos en la nueva Constitución, pero no deberá buscar los recursos para financiarlos, lo más probable es que aumente sustancialmente el gasto público y se generen déficits fiscales permanentes en el país”, advierte Navia.
“Aunque ahora están por las nubes los precios del cobre—el principal producto de exportación de Chile—la presión fiscal eventualmente generará problemas de deuda externa”, reflexiona
“Después de todo, como bien ha mostrado la historia de América Latina, por cada intento de llegar al cielo del desarrollo permanente e inclusivo en la región, hay traumáticas experiencias de traumáticos viajes al infierno de la inestabilidad, el subdesarrollo y la pobreza en los países de la región que emprendieron procesos constituyentes en el pasado”, advierte.
Por su lado la agencia Bloomberg también se sumó a esta suerte de pronóstico climático que sólo augura tormentas en el futuro venidero si la Constitución es modificada por fuerzas que no sea las de derecha.
“La minería chilena del cobre enfrenta su mayor amenaza regulatoria desde que la industria despegó hace más de tres décadas”, comienza un artículo de la agencia especializada en economía. “Desencadenado por los peores disturbios sociales en una generación, Chile acaba de elegir una asamblea que deja la redacción de una nueva Constitución en gran medida en manos de la izquierda, ya que la coalición gobernante no logró obtener el porcentaje necesario para ejercer el poder de veto”, sigue.
“Tras la votación del fin de semana, las acciones, los bonos y la moneda del país cayeron, mientras que los futuros del cobre subían”, detalla.
“Viendo como queda la distribución de los constituyentes está claro que se buscarán los mecanismos para una mayor repartición de los beneficios de la minería a la sociedad, y aumentarán la exigencias medioambientales respecto a una industria que se piensa, de manera a veces simplista, que es muy rentable y contaminante”, dijo a Bloomberg Alejandra Fernández, directora de metales y minería de Fitch Ratings Inc.
“La composición de la Convención Constituyente deja a mineras como BHP Group y Anglo American Plc, vulnerables a normas más estrictas en materia de agua, glaciares, minerales y derechos comunitarios”, apunta la agencia como si este hecho en sí mismo debiera ser considerado preocupante.
“La nueva Constitución podría incluir un lenguaje que aumente los requerimientos para las concesiones mineras y sus impactos ambientales, dijo Fernández.
“Cada año, la industria minera usa suficiente agua para abastecer el 75% de las necesidades del país, según MacKinsey & Co”, recuerda la agencia.
“Los posibles cambios legislativos y regulatorios se producen en medio de un repunte de los metales que ha generado ganancias récord. Para los defensores de un proyecto que grava las ventas de cobre con tasas de hasta el 75% cuando los precios superan los US$4 la libra, las empresas deberían destinar una mayor parte de las ganancias inesperadas del metal a rectificar los persistentes desequilibrios económicos y sociales de Chile”, concluye.
Un estudio realizado por un grupo de expertos reveló en 2017 que las principales empresas mineras del cobre de Chile obtuvieron en el periodo 2005-2014 una renta de USD 120 mil millones.
Los economista Sturla, Accorsi, López y Figueroa desnudan en el trabajo los impresionantes beneficios de la activ idad. «En nuestro estudio, “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015”, junto a Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, abordamosla renta económica que obtienen las 10 empresas mineras más grandes de Chile. Usando datos oficiales del Banco Mundial (BM) para el periodo 2005-2014 y aplicando una metodología moderna y conservadora, estimamos que estas mineras obtuvieron una renta económica de US$120 mil millones. Las 10 grandes mineras transnacionales (en adelante GMP-10) que consideró este estudio son: Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra», indicaron en un artículo ublicado en Ciper Chile.
