“La importancia de la buena fe como principio fundamental para la convivencia democrática.”
La agenda pública mediática de las últimas semanas ha estado marcada por el trabajo de la Contraloría General de la República y cuyos resultados se han conocido en las últimas semanas como el caso el caso de las licencias médicas que reveló que 25 mil de ellas fueron utilizadas por funcionarios públicos entre 20023 y 2024 para, estando en “reposo” decidieran salir del país. Sumado a los informes con observaciones al uso de los recursos públicos en los Gobiernos Regionales, incluidos el de nuestra región o bien la ratificación del fallo en la Corte Suprema que estableció una vulneración a los derechos fundamentales de una ciudadana Josefina Hunneus Lagos, cuyo teléfono fue interceptado de manera arbitraria y fuera del marco legal por dos importantes instituciones como el Ministerio Público y la Policía de investigaciones.
Solo estos tres hechos, han sido tierra fértil para representantes políticos caigan una vez más hacer una serie de juicios, incluso en los límites de profetizar y creer que tienen la altura e investidura para permitirse calificar e incluso encasillar a los buenos y a los malos. Esto solo nos ha demostrado que siguen con una mirada miope y de pequeñez política, con cálculos cortoplacistas creyendo que están llevando agua a sus molinos o conquistando nuevos votantes para los próximos procesos electorales.
En tiempos de polarización y conflicto, es crucial recordar la importancia de aplicar la buena fe en la vida pública y política, por lo que es muy oportuno recordarles a los “acusadores y acusados”, que, en una sociedad democrática, el principio de la buena fe es fundamental para garantizar la confianza y el respeto entre los ciudadanos y sus representantes. Este principio implica actuar con honestidad, transparencia y justicia en todas las interacciones públicas y políticas.
La buena fe, se traduce en actuar con integridad, sin intenciones ocultas ni manipulaciones por cuanto en la vida pública, la buena fe exige a los representantes políticos que éstos sean honestos, transparentes en sus decisiones y acciones, rindiendo cuentas de sus actos ante la ciudadanía.
En este contexto resulta fundamental respetar la institucionalidad y las normas que rigen nuestra sociedad. Esto implica no hacer juicios previos ni prejuzgar a las personas o instituciones sin tener todos los hechos. En su lugar, debemos esperar, aunque la ansiedad los quiera superar, a que se emitan sentencias finales y se esclarezcan totalmente los hechos. De esta manera, podemos garantizar que se haga justicia y se respeten los derechos de todos.
Nuestros representantes políticos, estén o no en un cargo; Los que son, o dicen estar, legitimados por movimientos constituidos o determinados partidos políticos están llamados a fortalecer y mantener la confianza de los ciudadanos en ellos como sus representantes, por lo que esas actuaciones (declaraciones) deben ser con un alto standard apegado a la veracidad y objetivad.
En tiempos electorales, es común que los adversarios políticos se enfrenten en un debate intenso y apasionado. Sin embargo, es importante recordar que la diferencia entre adversarios políticos no son guerras en la que todo vale, deben siempre ser capaces de disentir sin caer en creer que esas diferencias ideológicas los transforman en enemigos al que hay que exterminar, sino tener la capacidad que las partes prioricen buscar el bien común.
En esta vorágine de declaraciones, acusaciones, defensas y un cuanto hay, no debemos olvidar que lo más importante es cómo se solucionan los problemas que aquejan a los ciudadanos de la región. Permitiendo el funcionamiento de la institucionalidad, a la que muchos critican pero que también desean legítimamente participar de su administración.
En conclusión, la buena fe es un principio fundamental para la convivencia democrática. Los representantes políticos y los ciudadanos en general debemos actuar con integridad, transparencia y justicia en todas nuestras interacciones públicas y políticas. Debemos respetar la institucionalidad y las normas que rigen nuestra sociedad. Tenemos el deber de aportar a garantizar que se haga justicia y se promueva la confianza en las instituciones democráticas.
En tiempos en que las confianzas están trastocadas o debilitadas, una sociedad civilizada debe actuar con madurez, responsabilidad y compromiso con la verdad y la justicia. Para ello los que creemos y defendemos la democracia, por imperfecta que sea para algunos, promovemos el diálogo y la comunicación entre diferentes grupos y perspectivas atendiendo las preocupaciones y necesidades de cada parte.
La transparencia y la búsqueda de la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza. Esto implica investigar y esclarecer hechos, y hacer pública la información relevante. Sumado a ello contribuir a fomentar la educación y la conciencia crítica, ya que ayudan a las personas a evaluar la información de manera más efectiva, formándose una opinión informada si requiere además tomar decisiones.
Promover una cultura de respeto a la ley y a las instituciones nos permite a todos ayudar a prevenir la erosión de la confianza y a promover la estabilidad con una buena convivencia social.
