La victoria alcanzada el 14 de diciembre de 1989 por los diecisiete partidos y movimientos políticos que conformaban la coalición denominada “Concertación de partidos por la democracia”, supuso un cambio estructural en la administración y en el ejercicio del poder.
Se planteaba en primer término, recuperar la capacidad de gobernar en democracia. Desde los inicios de la República, Chile nunca había vivido una dictadura tan extensa. Fueron dieciséis años y medio en que estuvo interrumpida la vida política y la actividad parlamentaria en el Congreso Nacional.
A menudo, se recuerda como antecedente lo que ocurrió entre 1973 y 1990, al primer gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) como una dictadura feroz que reprimió con dureza a opositores. Esto es cierto sólo a medias. Nos olvidamos que Ibáñez fue elegido en un referéndum algo extraño, el 22 de mayo de 1927, como candidato único en un clima de gran inestabilidad política. Su antecesor, Emiliano Figueroa Larraín, tuvo que renunciar a la presidencia de la nación, -acusado por el mismo Ibáñez- de favorecer a un pariente para que integrara la Corte Suprema.
De modo que el mayor desafío que tendría el nuevo conglomerado era satisfacer las grandes expectativas de la gente, como asimismo consolidar el régimen democrático.
La tarea no era fácil en absoluto, por cuanto la dictadura cívico- militar, en los meses que precedieron al día de entrega del mando a los civiles (11 de marzo de 1990) pactaron con los nuevos gobernantes, una serie de medidas o leyes de amarre, con el propósito de blindar al General Pinochet, que ahora se mantendría por otros ocho años, como Comandante en Jefe del Ejército. De allí, que una de las principales frases que hicieron reconocido al presidente Patricio Aylwin y que marcaría el derrotero de su administración fue, “Justicia en la medida de lo posible”.
Un tema especialmente sensible de abordar fue el tocante a los derechos humanos. Para esa época, existía clara conciencia en la ciudadanía de las sucesivas violaciones a la integridad de las personas durante el gobierno de facto. ¿Cómo reparar el daño causado a miles de chilenos y sus familias por los compatriotas presos, torturados, exiliados o asesinados por el simple hecho de pensar distinto a las autoridades de turno?
En ese entonces, no había ningún estudio oficial que avalara y cuantificara el daño causado, tampoco existían investigaciones serias que comprobaran la participación de terceros en los vejámenes acaecidos en los últimos diecisiete años. En ese sentido, la tarea del nuevo gobierno era titánica, pues había que partir casi de cero.
Desde el primer momento quedó la sensación que la administración Aylwin tendría que negociar gradualmente con la oposición, muchos de sus integrantes vinculados con la dictadura anterior, los proyectos de ley que se enviarían al Parlamento. Había nacido la “democracia de los acuerdos”.
No hay que olvidar que el mundo experimentaba cambios extraordinarios. En esos días se había producido el derribo del “Muro de Berlín”, antesala de los profundos cambios que se avecinaban, con la caída en los meses siguientes, de los llamados socialismos reales en la mayoría de los países de Europa Oriental y el colapso de la Unión Soviética.
Fue un llamado de alerta que obligó a recomponer, redefinir y readecuar, las concepciones ideológicas en los partidos chilenos de izquierda y derecha. Pronto se acuñaron terminologías como “centro derecha” o “centro izquierda”, amparados en el discurso de la “economía social de mercado”.
En este contexto, el general Pinochet designó a su último Intendente en Magallanes, Alejandro González Samohod, quien asumió el cargo horas antes de la navidad de 1989. El objetivo de su breve administración fue preparar el traspaso del mando y de paso, hacerse cargo después del 11 de marzo de 1990, de la de la antigua Región Militar Austral y de Comandancia la V División de Ejército.
Mientras tanto, el presidente Patricio Aylwin a la par que designaba a su primer gabinete ministerial, hacía lo propio nombrando los jefes de sus gobiernos regionales. En Magallanes se decidió que la Intendencia la encabezaría el militante demócrata cristiano, Roque Tomás Scarpa Martinic.
Al principio, se creyó en sectores de la oposición, que la designación de aquél periodista representaba una vuelta al sexenio de Eduardo Frei Montalva y que luego, vendría el tiempo para algún izquierdista. En círculos más conservadores se especulaba, que el nuevo gobierno no terminaría su administración, por la cantidad de personalidades que formaron parte de la extinta Unidad Popular.
Nada más alejado de la realidad. Scarpa tuvo, -al igual que muchos dirigentes y militantes de la Democracia Cristiana- un pasado golpista. En 1968 fue designado por el presidente Frei Montalva, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Magallanes (Cormag). En el gobierno de Salvador Allende, en su calidad de director y editor de la radioemisora Presidente Ibáñez, se reveló como uno de los más tenaces opositores a la Unidad Popular, llegando incluso a justificar el golpe de Estado.
Ahora debería gobernar con muchos (as) simpatizantes de izquierda en un doble desafío: demostrar que se podía coexistir en una coalición con fuerzas políticas de diversa ideología, y lo más difícil, gobernar exitosamente para que la gente volviera a creer en la democracia.
