Una de las mayores sorpresas del mundo político fue el nombramiento del Primer Ministerio del presidente Salvador Allende. No olvidemos que los días que mediaron entre la elección y la ratificación de la victoria del candidato socialista por parte del Congreso Pleno, fueron de enorme incertidumbre.
Se especuló sobre varios planes para evitar que el líder de la Unidad Popular “entrara con el pueblo a La Moneda”, -como solía decir Allende- el 3 de noviembre de 1970. Se habló de un complot en que el Parlamento elegiría a Jorge Alessandri, luego éste renunciaría para forzar una nueva elección, para que el presidente saliente Eduardo Frei, volviera a ser candidato en una elección extraordinaria, lo que aseguraba otros seis años de gobierno demócrata cristiano.
Se llegó incluso a planificar un atentado contra el Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, quien resultó muerto finalmente, a causa de las heridas sufridas. Se produjo la fuga de capitales; el éxodo al exterior de cientos de profesionales y técnicos. Nada impidió sin embargo, que Allende se terciara la banda presidencial después del acuerdo político suscrito entre personeros de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, que pasó a conocerse como el “Estatuto de Garantías Constitucionales”.
Fiel a su palabra, Allende nombró en su primer gabinete a representantes de todos los partidos y movimientos de la coalición que lo había instalado en el poder. El Partido Socialista asumió las carteras de Interior, con José Tohá; Relaciones Exteriores, con Clodomiro Almeyda; Secretaría General de Gobierno, con Jaime Suárez y Vivienda, con Carlos Cortés. El Partido Comunista se hizo cargo de tres ministerios: Hacienda, con Américo Zorrilla; Trabajo, con José Oyarce y Obras Públicas, con Pascual Barraza. El Partido Radical estuvo presente en esta primera nominación con Alejandro Ríos, en Defensa; Mario Astorga, en Educación y Orlando Cantuarias, en Minería; a la Social Democracia le asignaron dos cupos; Humberto Martones, en Tierras y Colonización y Óscar Jiménez, en Salud. El Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) le fue encomendada la cartera de Agricultura, con Jacques Chonchol y, a la Agrupación Popular Independiente (API) se le otorgó el Ministerio de Justicia, con Lisandro Cruz. En tanto, Pedro Vuskovic, un independiente cercano al Partido Socialista asumió en Economía.
Lo más significativo de este nombramiento fue comprobar que cuatro ministros provenían del mundo obrero. Carlos Cortés y Pascual Barraza eran albañiles y dirigentes de la construcción; José Oyarce, había sido fogonero y trabajador de ferrocarriles y Américo Zorrilla, era un técnico gráfico especializado en linotipia.
La oposición aprovechó de burlarse de la escasa preparación académica de estos funcionarios, en especial, de Zorrilla, quien no tenía en absoluto conocimiento de temas económicos. Años más tarde, el antiguo jefe de imprenta del Partido Comunista confidenció en sus memorias: “Me parecía una cosa increíble. No sabía por dónde agarrarla”.
No debe sorprender entonces, que el peso de la política económica de aquel gobierno recayera en Pedro Vuskovic, el titular del Ministerio de Economía que desarrolló un plan de cinco puntos para producir el tránsito de un sistema capitalista a uno socialista. En primer lugar, asegurar la estatización de las principales industrias y de la banca; conseguir la nacionalización de la gran minería; profundizar la Reforma Agraria; establecer un aumento de sueldos para favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores y congelar los precios de las principales mercancías, productos y servicios.
Vuskovic pensaba que Chile padecía de un crecimiento económico deformado y señalaba: “Lo que está en juego es la propiedad de los medios de producción por una pequeña minoría; entonces, las cuestiones económicas reales son: quién tiene el poder de fijar los precios y por lo tanto las utilidades, y quien captura el excedente económico y decide como reinvertirlo”.
Es sabido que el llamado “Plan Vuskovic” trajo bonanza al país durante el primer año de gobierno, pero no se pudo superar la llegada de la inflación que mes a mes aumentaba estrepitosamente y la consolidación del mercado negro, lo cual terminó por socavar al proyecto.
El presidente Allende removió a ambos secretarios de Estado, Zorrilla y Vuskovic, el 17 de junio de 1972. Para muchos entendidos, era una decisión necesaria, pero tardía en un momento crucial para su administración. Recordemos que pronto sobrevino el largo paro de veintiún días, del 12 de octubre al 2 de noviembre, organizado por los camioneros, el rubro del transporte y los comerciantes que hizo tambalear al gobierno.
Allende tuvo que reorganizar su gabinete por enésima vez. En señal de unidad, y cuando se completaba el segundo aniversario de su asunción al poder, Allende designó al Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats como Ministro del Interior, y al Contralmirante Ismael Huerta, como Ministro de Obras Públicas. Comenzaba de esta manera, la participación de los militares en el gobierno de la Unidad Popular.
Para algunos, el nombramiento de uniformados como secretarios de Estado no era otra cosa que una táctica dilatoria del presidente Allende. Para otros, era el principio del fin; la certeza que el gobierno se hallaba en un atolladero, en un callejón sin salida.
