Por Claudio Andrade
La polémica circular que dio a conocer hace unas horas el ministerio de Medioambiente, conducido por Maisa Rojas, en donde contradice la decisión del Congreso respecto de la continuidad de la salmonicultura en áreas de reserva, ha desatado fuertes reacciones en el ambiente político nacional y profunda preocupación entre los empresarios del sector.
Diputados de Magallanes y Aysén ya advirtieron que el oficio que fue distribuido incluso ante la Corte Suprema, pretende pasar por alto una decisión que ya fue tomada por los legisladores en mayo pasado cuando se discutió la modificación de la Ley de Pesca.
El gobierno de Gabriel Boric pretendía expulsar a la actividad de Chile, aunque entrega unos 70 mil puestos de trabajo y genera divisas por cerca de 7000 millones de dólares, mediante la prohibición de operar en zonas de reserva. Pero los legisladores rechazaron este punto crucial.
Ahora el documento emitido por Rojas y su equipo afecta seriamente la figura democrática del propio presidente Boric, puesto que se observa una clara tendencia a gobernar “por decreto” o circulares con fuerza suficiente para imponerse como una ley de entrecasa, cuando las discusiones no salen como el ejecutivo las espera.
El “decretazo” es justamente un recurso muy utilizado por su par el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tal como lo ha denunciado El País de España. Y ya sabemos que Boric calificó de “dictador” al mandatario nicaragüense. “Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile”, señaló días atrás Boric.
“Es de nuestro interés comunicar sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado algunos efectos jurídicos que resultan aplicables a los procedimientos que actualmente podrían estar en curso para el otorgamiento de concesiones sectoriales dentro de los límites de áreas protegidas”, indica el oficio dado a conocer por La Tercera y que tiene fecha 22 de septiembre de 2023.
La circular luego subraya que se suspende el otorgamiento de concesiones en todas las áreas “protegidas que no cuenten con un plan de manejo vigente”, basándose en una interpretación de la Ley Para La Naturaleza (21.600).
Es decir, se salta olímpicamente la decisión del Congreso e impone su propio punto de vista en una cuestión central mediante un acto de pura violencia administrativa.
Hace unas semana, la ministra Rojas había advertido en tono bélico en Coyhaique que el gobierno y su cartera continuarían batallando para expulsar a la salmonicultura del sur. Sus palabras provocaron una fuerte reacción de los trabajadores presentes.
“Lamentablemente sale un oficio del Ejecutivo cuya materia es la suspensión de procedimientos de otorgamiento de concesiones en áreas protegidas que no cuenten con plan de manejo vigente y requerimiento de informe favorable previo al otorgamiento. Vale decir, nosotros hacemos una ley en el Congreso, una ley que rechaza esta indicación de la ministra de Medio Ambiente y hoy un documento del ejecutivo dice lo contrario”, indicó la diputada por Aysén, Marcia Raphael (RN), consignó g5noticias.
“La ministra no quiere entender que la actividad productiva salmonera es la segunda actividad más importante de nuestro país después de la minería y en el caso de las regiones extrema, la décima, la décimo primera y la décimo segunda, aquí está el diputado Mattison que representa Magallanes, yo represento a la región de Aysén, es una de las actividades productivas más importantes de nuestras regiones”, agregó.
Por su lado Matheson explicó: “nos hemos enterado que el día 22 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un documento en que solicita a todas entidades gubernamentales no se otorguen más concesiones en áreas protegidas, esto había sido desechado en el proyecto de ley de Servicios de la Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
Y siguió: “En Magallanes, ya se ha reducido en 2 mil los trabajadores en este rubro, en esta industria y está provocando gran cesantía que se acrecentará si es que se destruye la actividad acuícola en la zona”.
“Más de 5 mil familias dependen de esta actividad que produce mayores ingresos dentro de la región y se quiere sencillamente destruir esta situación al plantear que mientras no exista un plan de manejo de estas áreas no se pueden otorgar nuevas concesiones. Definitivamente este gobierno y el ministerio son grandes productores de pobreza en este país, ya que no han sido capaces de compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico”, señaló.
La diputada Raphael recordó que la actividad salmonera representa más del 35% del PIB regional de Aysén. Entre tanto que significa alrededor del 25% del PIB de Magallanes.
Las continuas trabas al sector han terminado por afectar su producción lo que se tradujo en una caída del empleo en el sur del país de unos 2000 puestos de trabajo. La actividad tradicionalmente convocado a unos 7000 trabajadores entre directos e indirectos en Magallanes permitiendo además el surgimiento de una nueva clase media en la región en poco más de una década.
Respecto del Oficio 23405/3, Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón indicó:
“Lo estamos analizando, esto es algo que ocurrió muy reciente y nosotros como gremio lo estamos analizando. Pero creo que hay principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener. Cualquier interpretación jurídica y elementos ilustrativos que ocupe el Ejecutivo, siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otro órgano del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso. Eso para nosotros es fundamental en la institucionalidad del país”.
Volviendo a la imagen de Ortega. “El presidente Daniel Ortega parece decidido a gobernar Nicaragua por decreto. Ortega recurre a una vieja práctica empleada en su primer Gobierno, en los años ochenta -cuando conducía de forma autocrática una nación aplastada por la guerra-, que consiste en usurpar las facultades de la Asamblea Nacional y saltarse la Constitución para aprobar las leyes que considera necesarias para el funcionamiento de su cuestionada Administración”, escribió Carlos Maldonado en El País de Madrid y las semejanzas con Chile comienzan a preocupar a varios sectores.
Gobernar por decreto es un uso habitual no sólo de Ortega, también lo hizo Hugo Chávez y actualmente es una costumbre de Nicolás Maduro en Venezuela.
