Profunda molestia existe en la Asociación de Funcionarios de Gobierno Interior luego de que se enteraran de la asignación de un contrato grado 9 a una asesora de la Delegación Presidencial, militante de Convergencia Social, y que anteriormente había sido una de las personas de confianza que había llevado a trabajar a su lado la ex autoridad designada, Luz Bermúdez.
Incluso, durante la tarde de este lunes dirigentes de la asociación en cuestión se reunieron con el delegado presidencial, José Ruíz, para solicitar las explicaciones del caso y colocar en antecedentes la posibilidad de recurrir a la Contraloría Regional para que se investigue la situación. Asimismo, existe incomodidad ya que es muy difícil que a los propios funcionarios de carrera se les haga un aumento de grados, y menos que se asigne un vínculo laboral de estas características a una persona que lleva trabajando en dicha repartición un poco más de un año.
Es más, la funcionaria sindicada incluso podría haberse ido de la Delegación Presidencial cuando se produjo el cambio de autoridad ya que era una persona de confianza política (salida de Bermúdez y llegada de Ruíz), pero fue el propio nuevo delegado el que decidió que se quedara.
Fuentes cercanas a la Delegación han confirmado la información, e incluso hicieron recuerdo que ni siquiera Jennifer Rojas cuando fue la primera autoridad quiso traspasar a ninguno de sus colaboradores a contrata, ya que afirmaba que esos cupos eran para personas de carrera.
En todo caso, si alguien ingresa a la página web de Gobierno Interior para poder revisar la información vía transparencia, tampoco hay antecedentes ya que aún no se ha actualizado la página.
Cabe señalar, que un grado 9 en la administración pública podría significar un sueldo cercano a los tres millones de pesos, sin contar que cada tres meses se recibe el mismo monto nuevamente, y se podría aumentar aún más esa cantidad si es que se le aplicaron asignaciones en el acuerdo a contrata.
Habrá que esperar una respuesta oficial por parte de la Delegación Presidencial al respecto, y si la Asociación de Funcionarios de Gobierno Interior deciden acudir hasta Contraloría, tal cual lo plantearon a Ruiz en las últimas horas.
