En los últimos años, hemos sido testigos de una creciente desafección de la ciudadanía
hacia la política, lo cual representa un riesgo potencial para los valores democráticos
occidentales. Este vacío político puede ser potencialmente aprovechado por fuerzas
populistas o antidemocráticas que intentan ocupar ese espacio, arrogándose de forma
simplista y ficticia demandas sociales y sentires ciudadanos.
Entre los factores que contribuyen a esta deteriorada relación entre la política y la ciudadanía están los actos de corrupción y el tráfico de influencias, los cuales han sido especialmente preocupantes en la
última década, y desde el Frente Amplio hemos sido firmes en nuestra crítica hacia ellos.
Creemos firmemente que la verdadera esencia de la política radica en dirigir propuestas,
acciones y voluntades hacia el bienestar colectivo.
En este sentido, es absolutamente injustificable y condenable, desde la ética que hemos
defendido desde nuestros comienzos, lo sucedido con Carlos Contreras y Daniel Andrade,
quienes son militantes de Revolución Democrática. Asimismo, considero necesario que se
investiguen las posibles implicancias que la diputada Catalina Pérez pudo haber tenido en
los cuantiosos traspasos de dinero entre la seremía del MINVU en Antofagasta y
Democracia Viva, fundación directamente vinculada a Daniel Andrade, quien fue ex director
de dicha institución y actual pareja de la diputada.
Si bien es cierto que podríamos especular con escenarios hipotéticos para justificar o culpar
a las personas involucradas que han estado en el centro de atención mediática, lo que
resulta innegable es el hecho en sí. La fundación, a pesar de tener escasa experiencia en el
área, se ha adjudicado más de 400 millones de pesos por parte del MINVU en el marco de
la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria. Si bien esto podría no ser ilegal, atenta
contra los principios de probidad y transparencia que hemos trabajado arduamente para
instaurar en la política desde el Frente Amplio.
Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y transparente para determinar
la legalidad y las circunstancias que rodean estos hechos. La sociedad merece respuestas
claras y contundentes, así como la implementación de medidas que fortalezcan la integridad
y la confianza en nuestras instituciones políticas. Desde el Frente Amplio y en particular del
partido que presido a nivel regional, Convergencia Social,, reiteramos nuestro compromiso
de luchar contra la corrupción, y de velar por una política responsable, ética, proba y
orientada al beneficio de todos los ciudadanos. Solo así podremos recuperar la confianza
perdida y avanzar hacia una democracia más sólida y participativa.
