A partir del viernes, serán cinco días los que tendrá el Presidente Gabriel Boric para elegir un nombre para ser votado y electo como Fiscal Nacional por el Senado. Durante esta jornada, la Corte Suprema confirmó la quina completa que postulará a la testera del Ministerio Público.
El fiscal regional de Aysén asumió como tal en octubre de 2017. Abogado de la Universidad de Talca y magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central, por sus ideas se ha posicionado como “el fiscal favorito de la Policía de Investigaciones para liderar el Ministerio Público”.
Esa etiqueta fue la que utilizó La Tercera para presentarlo: en una nota del 14 de noviembre, se contó que por un convenio promovido por Palma, se dejó a la Policía civil como la opción de preferencia para la indagación de delitos graves y complejos.
La decisión generó molestias en el alto mando de Carabineros, aunque Palma aseguró que su decisión de firmar y promover el convenio es algo que ya se hacía hace algún tiempo.
En noviembre, durante su exposición frente a la Corte Suprema, argumentó que la persecución penal en la región que dirige tiene “los mejores resultados del país desde hace 5 años”, pese a que solo se ingresan el 0,66% de las causas a nivel nacional.
Con todo, la jueza de Garantía Ruth Martínez investiga a Palma y al funcionario de la PDI, Luis Tapia Flores, por posible obstrucción a la investigación del caso “Operación Huracán”: el mayor (r) de Carabineros, Patricio Marín, denunció que se destruyó el borrador de un informe pericial entregado previamente a Palma y Flores.
Actual fiscal nacional (subrogante) y fiscal regional de Los Ríos, el abogado de la Universidad Gabriela Mistral y fiscal de Aviación de Punta Arenas, anteriormente se desempeñó en como fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena. Entre su trayectoria destaca su rol como persecutor especializado en delitos económicos y sexuales.
En una exposición en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados, Meléndez aseguró que una de las prioridades del Ministerio Público (desde su subrogancia) es el crimen organizado. De ello podrían extraerse luces de lo que sería su gestión:
“Las instituciones públicas no cuentan con una planificación para combatir el fenómeno. Para perseguir a las organizaciones criminales, la metodología no es el caso a caso, se tiene que hacer a través de focos operativos y con la intervención del análisis criminal”.
Además, reconoció problemas de comunicación en cuanto a la información de las entidades involucradas en la persecución penal: Aduana, PDI, Carabineros, Servicios de Migración, Dirección General de Movilización. “Tenemos resistencia de las entidades públicas de generar protocolos de traspaso de información. No hablamos el mismo idioma”, acotó.
Abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho de California Western School of Law, de Estados Unidos, sus primeros pasos en el Derecho fueron como procuradora del Consejo de Defensa del Estado. Desde entonces, ejerció labores en la Unidad Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y como asesora de la Fiscalía Nacional. Hoy dirige la Unidad Anticorrupción del organismo.
Entre los casos en los que se ha involucrado, destacan la compraventa de Minera Dominga, la aparición del expresidente Sebastián Piñera en los Pandora Papers, y el Caso Caval, del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet.
Herrera tiene la venia de la Asociación Nacional de Fiscales. En 9 de noviembre, durante su primera candidatura a la fiscalía nacional, llamó a “evitar hacer una guerra sucia”: “No es bueno empezar un intercambio de descalificaciones”, matizó más tarde.
La oposición ha mostrado sus resistencias a ella: “Si el gobierno está mandándola es porque quieren que la rechacen”, señaló el senador Manuel José Ossandón (RN), mientras que el UDI Iván Moreira replicó: “El nombre no debiera ser de continuidad de una gestión mediocre”.
Abogado de la Universidad de Chile y Máster en Litigio Oral de la California Western School of Law en Estados Unidos, Valencia comenzó carrera como fiscal adjunto para el Ministerio Público, pero rápidamente se consolidó en el sector privado, hasta que llegó a crear su pripia firma: Amenábar & Valencia. Es el único de los postulantes que no trabaja actualmente en la Fiscalía Nacional.
El sitio de chequeo de información Malaespina corroboró que es compadre del senador Álvaro Elizalde (son padrinos de sus hijos). En sus inicios, Valencia trabajó con el exministro Alberto espina. Además, María José Taladriz es asesora de la Fiscalía Nacional. Pero durante su exposición en la Corte Suprema, Valencia dijo que renunciaría en caso de obtener el puesto.
Ha defendido a Mario Desbordes, al exgeneral de Carabineros, Bruno Villalobos, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y a Sebastián y Miguel “Negro” Piñera. También trabajó con Rafael Garay cuando se concretó la estafa piramidal del ingeniero.
Abogada de la Universidad de Talca y egresada del Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y del Magíster en Derecho de la Universidad de Concepción, Mansilla es la fiscal regional del Ñuble. Su especialización ha ido en la línea de los delitos económicos y violencia intrafamiliar.
Entre los casos destacados en su trayectoria destaca el llamado “Caso Luminarias”, una investigación interregional por contratos irregulares de la compañía Itelecom para obtener la concesión de las instalaciones del alumbrado público en distintas municipalidades.
