El municipio de Puerto Natales envió los antecedentes del contrato con la ONG FIMA a Contraloría General de la República, según informó la alcaldesa Antonieta Oyarzo en la última sesión del Concejo Municipal.
La alcaldesa aseguró que había instruido a los funcionarios para que entreguen al organismo todos los antecedentes del acuerdo a fin de “dilucidar administrativamente hablando” el proceso que se siguió. Llamó la atención que Oyarzo utilizara el término “dilucidar” en su intervención y en el marco del acuerdo que involucra al municipio con una cuestionada ONG. La misma que ha tenido vínculos contractuales con otros 8 municipios del país.
En el camino Oyarzo reconoció que había existido pedidos de antecedentes por parte de medios locales.
Además, Oyarzo se adelantó a posibles sanciones de parte de Controlaría General al indicar que podría haber “observaciones” a los documentos señalados. También mencionó que el municipio se atendría a las “medidas correspondientes o necesarias” luego de que Contraloría General revise la documentación.
La alcaldesa también subrayó que Contraloría General era el organismo encargado de sancionar y fiscalizar el buen comportamiento del municipio, olvidando de que es la Justicia ordinaria la que deberá intervenir en caso de encontrarse delitos como malversación de fondos y fraude al Estado.
Luego de su intervención, la concejal Verónica Pérez le pidió en dos ocasiones mayores precisiones acerca de en qué consistían el trabajo de FIMA en Natales y qué había sucedido con el contrato al final de cuentas puesto que el trabajo firmado no se cumplió y ya se pagaron $3,5 millones de un total de $7.8 millones comprometidos.
A pesar de las preguntas directas, Oyarzo no contestó con información. Simplemente repitió que el municipio había entregado los documentos al organismo de control y afirmó que los términos del contrato y detalles también serían enviados por enviados por mail a todos los concejales. La concejal Pérez le solicitó que la información sea distribuida entre los medios de comunicación locales.
Recordemos que la polémica de los contratos directos con FIMA involucran a 9 municipios por un total de $70 millones de pesos la mayoría durante el 2022. Algunos de ellos oscilan entre los más de $11 y más de $16 millones.
Contraloría General de la República ya invalidó el contrato directo entre FIMA y el municipio de Nuñoa por $16,2 millones. ¿Podría ocurrir lo propio con Natales?
Lo cierto es que el municipio reconoció en un comunicado que el acuerdo quedó trunco.
“Este único contrato con la ONG FIMA, para la entrega de servicios profesionales especializados fue por un periodo de 6 meses (de julio a diciembre de 2022), de los cuales, a la fecha se han cancelado solo $3.500.000 aproximadamente, debido a que la entrega de todos los servicios comprometidos, ha quedado inconclusa”, indica el texto.
De acuerdo a lo expresado por la alcaldesa en los próximos días los concejales y los medios de comunicación podrán acceder a las alternativas del contrato frustrado. Queda por conocer en qué se gastaron verdaderamente los fondos públicos, qué acciones se llevaron adelante de parte de FIMA, dónde quedaron registradas, entre otras preguntas.
En términos globales, permanece en el aire la duda acerca de porqué FIMA, con contactos con el gobierno nacional, aparece vinculada a numerosos municipios por sus servicios jurídicos ambientales.
En otras palabras, toda vez que un municipio tuvo una situación medioambiental recurrió inmediatamente a FIMA que –oh casualidad– posee línea directa con funcionarios en puestos claves.
La concejal Pérez se encargó de aclarar que el tema con FIMA no es exclusivo del municipio de Puerto Natales, que es nacional y que por lo mismo se deberían mostrar todas las cartas de lo acordado en principio y sus posteriores implicancias.
Oyarzo tampoco contestó a esta reflexión.
