La Alcaldía Ciudadana emitió en las últimas horas un comunicado que lleva su firma -no la de la alcaldesa Antonieta Oyarzo, no la de “Ilustre Municipalidad de Puerto Natales»- que ha dejado muchas más dudas y preocupaciones que certezas.
Oyarzo y su Alcaldía Ciudadana han quedado entrampadas en una madeja donde abundan las faltas a la ética administrativa y las fuertes sospechas de utilización discrecional de los fondos públicos. En la ley penal y financiera este tipo de acciones se conocen como fraudes al fisco.
Básicamente lo mismo de lo cual Oyarzo acusó al ex alcalde Fernando Paredes hoy detenido.
En principio, la Alcaldía Ciudadana reconoce que se integró a la serie de polémicos contratos por vía directa que FIMA firmó con otros 8 municipios a lo largo del país. En total son 9 por un monto hasta ahora revelado de $68 millones.
También reconoció que el acuerdo de agosto del 2022 quedó inconcluso y si bien no se explican los motivos, también acepta que ya se pagaron alrededor de $ 3.500.000.
El delito que podría presuponerse refiere a un posible sistema de recolección de dineros públicos por parte de una polémica ONG jurídico ambiental con vínculos con el gobierno. En reiteradas ocasiones y a lo largo del país esta organización ha firmado contratos de manera directa por cifras millonarias a cambio de sus servicios de asesoramiento.
Esto, en principio, revela un favoritismo político y una utilización ilegal de los presupuestos municipales en favor de una ONG o, según se ha ido conociendo en los días recientes, de un puñado de ONGs con acceso a las altas esferas del gobierno nacional.
La Alcaldía Ciudadana está parada sobre este escenario.
No dice anticipa cómo sigue el vínculo con FIMA y qué medidas tomará el municipio frente ante la caída del acuerdo. Tampoco hace ninguna mención al documento aglutinador donde debe quedar expresado todo lo que se hizo y las conclusiones parciales del trabajo.
En definitiva, confiesa el problema y no ofrece alternativas para resolverlo. No debemos olvidar que está siendo pagado con fondos públicos.
Según pudo averiguar este periodista, los miembros del Concejo Municipal no recuerdan haber autorizado un acuerdo entre FIMA y el municipio. Ni mucho menos los detalles de una propuesta de la que no guardan memoria.
Una fuente que conoce el municipio muy bien recordó que este convenio fue aprobado en el marco de la discusión del Presupuesto Municipal anual. Es decir, pasó como parte de un paquete pero no existió un debate al respecto.
Este lunes la concejal Verónica Pérez solicitará todos los antecedentes que faltan a la alcaldeza Oyarzo, comunicó. Y la verdad sea dicha, falta todos y cada uno de los antecedentes.
En lugar de reconocer que hay numerosos aspectos opacos en este asunto, el municipio acusó a la prensa de “desinformar”. En otras palabras, el comunicado debe leerse cómo “nosotros no tenemos la culpa sino quienes desinforman”.
¿Está diciendo que El Líbero, La Tercera, Zona Zero, Mas Natales, el programa de radio de Punta Arenas BDR, por mencionar algunos medios nacionales, regionales y locales que dieron a conocer la noticia están faltando a la verdad? ¿Eso?
Pero si alguien no ha informado y tratado de mantener los datos en las sombras ha sido la alcaldesa Oyarzo y sus colaboradores. Achacar a la prensa de las faltas propias no es una línea de conducta muy recomendable.
“Dicha relación está dada por un contrato de Prestación de Servicios Especializados, por un monto aproximado de $7.800.000 (siete millones ochocientos mil pesos), el cual tuvo por objetivo asesorar a la Unidad de Medio Ambiente y a la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN) de la Municipalidad, en el proceso de elaboración e ingreso de la solicitud de declaración del borde costero como humedal urbano”, dice la Alcaldía Ciudadana.
Mencionar un monto “aproximado” es básicamente una falta de respeto a la ciudadanía. ¿Aproximado? ¿Es que no saben con exactitud cuánto pagaron?
El municipio justifica que el acuerdo con FIMA forma parte de una serie de “elementos necesarios para trabajar en el avance serio y responsable de nuestro Plan Regulador Comunal”.
Pero hasta dónde este cronista pudo averiguar, hace ya varios meses que el municipio trasladó al único profesional que estaba dedicado a la compleja tarea de desarrollar el Plan Regulador de Puerto Natales y desde entonces poco y nada se ha sabido de la materia.
La Alcaldía Ciudadana se había comprometido con los vecinos, el empresariado y el gobernador Jorge Flies, tener listo el Plan Regular en el plazo de administración en curso, sin embargo, en dos años, no ha mostrado nada concreto.
Según ha recabado este medio, algunos concejales, actores del mundo político y empresarial, consideran que es imprescindible que Contraloría General de la República tome cartas en el asunto. Ya lo hizo en el municipio de Nuñoa donde FIMA había operado de manera similar y los acuerdos fueron invalidados.
