Durante el año 2020 en varias ocasiones se escuchó decir al académico Ignacio Briones que uno de los méritos de algunos gobiernos de la Concertación, fue inyectar recursos a la caja fiscal, medida que a la postre hizo posible, que se hicieran efectivas las ayudas dispensadas en la segunda administración de Sebastián Piñera a la población con ingresos más precarios, producto del confinamiento obligado a causa de la pandemia llamada Covid -19, lo que recibió el nombre de Ingreso familiar de Emergencia (IFE).
Esta aseveración no tendría nada de especial, si no fuera porque quien las emitió, era el mismo Ministro de Hacienda del presidente Piñera. Con seguridad, Ignacio Briones recordaba el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) y el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Recordemos, que en ambas administraciones destacaron dos secretarios de Estado que hicieron historia en la cartera de Hacienda: Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco.
Cuando Ricardo Lagos asumió la presidencia de la Nación, el 11 de marzo de 2000, decidió como una de sus primeras medidas de reactivación económica, buscar distintas alternativas para disminuir la evasión tributaria. La tarea no era nada de fácil, considerando que muchos sectores conservadores estimaban que Lagos era un “comunista disfrazado con piel de cordero”, y su personalidad, la de “un tigre metido en una caja de zapatos”.
Por lo mismo, había mucha expectación sobre quién iba a ocupar el cargo de Ministro de Hacienda. Lagos nombró al Ingeniero Comercial de la U. de Chile y Doctor (c) en Macroeconomía y Comercio Internacional de la U. de Harvard, Nicolás Eyzaguirre, quien de entrada, impuso un plan de largo plazo para que la economía chilena no dependiera de las fluctuaciones y de los vaivenes del precio siempre volátil del cobre.
Para ello, Eyzaguirre y su equipo de asesores crearon en 2001 la regla de Superávit Estructural, que consiste en imponer a la formulación y ejecución del presupuesto anual, la obligación de fijar el nivel de gastos totales para que el Balance del sector público sea equivalente en todos los años a un mismo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En síntesis, el balance efectivo será menor a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean desfavorables y superior a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean favorables al presupuesto fiscal.
Los detractores del plan, argumentaron que una medida de ese tipo iba a detener el sostenido crecimiento económico que el país venía exhibiendo por lo menos, desde 1985. En la práctica, los hechos demostraron que tenían razón. En la primera década del nuevo milenio, Chile creció a un promedio anual que osciló entre un 2 y un 4% muy lejos del crecimiento cercano al 7% que exhibió el país entre 1990 y 1997, antes que apareciera la llamada “Crisis Asiática”.
El ministro Eyzaguirre contó con el pleno respaldo del presidente Lagos, mientras se diseñaban y fijaban las políticas públicas para las muchas reformas que caracterizaron a su administración. En mayo de 2001 se creaba la ley de Seguro Obligatorio de Desempleo, y aún, enfrentando una serie de opiniones negativas, ese mismo año se aprobó una moción que redujo de 48 a 45 horas la semana laboral. Así, mientras el gobierno implementaba lentamente su programa político y económico, en el exterior se procedía a firmar históricos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y la República Popular China.
Producto de estos tratados, la administración Lagos comenzó a cosechar un significativo aumento de recursos que permitió llevar adelante una completa reforma a las coberturas de protección social y de salud, a través de los programas Chile Solidario y Plan Auge (Acceso Universal de Garantías Explícitas).
La financiación de ambos programas requirió de una inversión inicial de 225 mil millones de pesos. Para preparar el escenario, el gobierno subió el IVA de 18% a 19%. Luego, Hacienda concluyó que la habilitación de Chile Solidario implicaba una inversión inicial de 72 mil millones y el Auge de unos 153 mil millones. Para llevar a efecto el proyecto global, el ministro Eyzaguirre dispuso la aplicación de un impuesto adicional a las bebidas alcohólicas de un 15% a un 20%; del tabaco, de un 60.4% a un 61% y de los combustibles, de 1.5% a 1.7%.
Finalmente, el proyecto se transformó en la ley Nº 19.966, publicada el 3 de septiembre de 2004, la cual establece un régimen de garantías en salud, cuya cobertura es garantizada por el Estado, independiente si el usuario se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o en alguna de las organizaciones privadas conocidas como Instituciones de Salud Previsional (Isapres). En lo medular, la ley fijó los parámetros esenciales en acceso, oportunidad en la atención, calidad y protección financiera. El Régimen General de Salud entró en vigencia el 1 de julio de 2005, atendiendo en un comienzo una lista de 25 patologías, las que fueron incrementándose anualmente. La atención se elevó a 40 enfermedades en 2006; un año más tarde, en 2007, eran 56 las enfermedades en que el sistema entregaba protección. Para el 2010, la cobertura se había ampliado a 69 patologías. En la actualidad, son 85 las enfermedades que se encuentran circunscritas a esta red de protección de salud.
Amado y odiado al mismo tiempo, Nicolás Eyzaguirre fue nombrado nuevamente Ministro de Hacienda en las postrimerías del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sirviendo en el cargo desde el 31 de agosto de 2017 hasta el 11 de marzo de 2018, convirtiéndose en el personaje que más tiempo ha ocupado el cargo en dicha cartera en la historia de Chile: seis años, seis meses y once días.
