Con el nombramiento de Alejandro Foxley se iniciaba la etapa de los secretarios de Estado que presidieron la cartera de Hacienda durante todo el período que duró la administración de turno.
Esta tendencia se cumplió en los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010) y en el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-14). Fueron gobiernos que siguieron al pie de la letra las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Una de las principales recetas consistió en establecer de entrada, una política antiinflacionaria.
Apenas seis ministros ejercieron en Hacienda en veinticuatro años. El ya mencionado Alejandro Foxley (1990-1994); Eduardo Aninat (1994-1999); Manuel Marfán (1999-2000); Nicolás Eyzaguirre, (2000-2006); Andrés Velasco (2006—2010); y Felipe Larraín (2010-2014). Recordemos que Aninat debió renunciar para asumir precisamente, un alto cargo en el FMI, días antes que se celebraran los comicios presidenciales de diciembre de 1999.
El desafío era mayúsculo para Alejandro Foxley cuando asumió como jefe del área económica, el 11 de marzo de 1990. Las expectativas eran enormes, como también, las opiniones de muchos expertos vinculados con la Dictadura cívico militar, ahora en la oposición, que vaticinaban el fracaso del nuevo gobierno si se permitía que el Estado tuviera una mínima injerencia en la conducción de la economía. Todavía estaban presentes y hasta se consideraban milagrosas, las medidas implementadas por Hernán Büchi, que consiguió hilvanar una fórmula que permitió hacer de Chile un país exportador, capaz de reducir la temida inflación, pero con un altísimo costo humano y social.
Para muchos observadores, el verdadero temor radicaba en que ahora las decisiones se iban a adoptar respetando las reglas de un sistema democrático, situación que el país desconocía desde hacía casi dos décadas. De allí que la principal propuesta del primer equipo económico de la Concertación, fue apostar a la mantención del modelo neo liberal, pero haciendo correcciones a las graves falencias en la distribución de la riqueza.
Se imponía por cierto, enfrentar la triste herencia dejada por el régimen de facto; la rebaja sustancial de las pensiones de los jubilados, en especial, las deudas históricas con los profesores y trabajadores de la salud. En lo específico, los técnicos y economistas de la Concertación comprendieron la imposibilidad de satisfacer las grandes demandas de buena parte de la ciudadanía y de amplios sectores de la población postergados de los beneficios del modelo.
En cambio, se realizó un amplio análisis que permitió demostrar que el sistema tributario tenía un bajo nivel de recaudación. Por tanto, el Ejecutivo incubó una propuesta programática consistente en que el Congreso aprobara una gran reforma tributaria, cuyos contenidos eran: elevar el IVA de 16 a 18%. Subir la tributación de 0 a 10%; elevar también, el impuesto a las personas; mantener los incentivos tributarios y eliminar una serie de vacíos legales, que fomentaban la evasión de impuestos. De esta manera, el 4 de abril de 1990, el presidente Patricio Aylwin se dirigió a la nación enunciando los objetivos de la Reforma:
“El Programa económico del gobierno se plantea como objetivo conciliar el desarrollo económico con la justicia social. Para ello estimamos indispensable aumentar la recaudación tributaria. Este es el principal propósito de esta reforma.
Los recursos adicionales que se recauden como producto de esta reforma tendrán tres destinos: en primer lugar, suplir las deficiencias que presenta el presupuesto de 1990 para mantener la continuidad de los programas de gobierno; en segundo lugar, apoyar la implantación de nuevas políticas sociales; por último, iniciar un programa de inversión en infraestructura y equipamiento que el país requiere para asegurar su desarrollo futuro”.
Mientras el presidente Aylwin y el ministro Foxley negociaban en el Parlamento la aprobación del cuerpo legal, tras bambalinas surgía la figura de Manuel Marfán Lewis, un Ingeniero Comercial integrante del Partido Socialista formado en la Universidad de Chile y con un doctorado en Economía en la prestigiosa Universidad de Yale, en Estados Unidos, quien era en realidad, el verdadero ideólogo de la iniciativa y, que a contrarreloj, redactaba las páginas del proyecto, el cual, después de varias indicaciones, fue promulgado como Ley Nº 18.985 y publicado en el Diario Oficial seis días más tarde. Fue una de las principales medidas que permitió el sólido crecimiento económico que vivió el país hasta sufrir los embates de la crisis asiática, en el verano de 1998.
Manuel Marfán fue designado como subsecretario de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en marzo de 1994, instancia que combinó como presidente del Comité de Mercado de Capitales de aquél Ministerio; luego, reemplazó a Eduardo Aninat en la titularidad de Hacienda, cargo que ostentó desde el 3 de diciembre de 1999 hasta el 11 de marzo de 2000. De su autoría son varios de los borradores que originaron futuros Tratados de Libre Comercio, implementados en las administraciones de Ricardo Lagos y en el primer gobierno de Michelle Bachelet.
