La Municipalidad de Punta Arenas recibió el listado completo de funcionarios implicados en caso de licencias. Se trata de 32 personas en la Municipalidad y 250 en la Corporación Municipal de Punta Arenas. La información a nivel nacional también dio a conocer que existen 11 casos en el Gobierno Regional de Magallanes. Aunque se han solicitado los antecedentes a la repartición liderada por Jorge Flies, hasta el momento no han habido respuestas al respecto.
Además, se dio a conocer la cantidad de casos de cada una de las entidades en la Región de Magallanes. aparte de las ya mencionadas anteriormente:
La Contraloría General de la República informó al Municipio y a la Cormupa sobre los funcionarios que salieron del país entre los años 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica, con el fin de iniciar las investigaciones administrativas correspondientes en cada caso. Algo similar se debe haber solicitado desde el GORE, pero lo cierto es que el secretismo reina hace varias semanas al rededor del edificio del Gobierno local. Tal cual se ha informado de manera detallada los casos en cuestión en términos de la administración comunal, y próximamente lo deberá hacer el Slep Magallanes, se espera que haga lo propio en Gobierno Regional. Se deben dar a conocer los pasos a seguir, sumarios, plazos de investigación, y determinaciones relacionadas con las graves faltas. Cabe mencionar que son 11 los casos relacionados con el GORE.
Lo mismo debe suceder a la brevedad con el resto de las instituciones locales involucradas en el escándalo y que han sido reveladas por parte de la Contraloría General de la República.
Por parte del municipio puntarenense, el alcalde señaló que “fueron 32 los funcionarios incluidos en este extenso informe de la Contraloría. A partir de hoy, se ha decretado un sumario para ellos, con un fiscal de dedicación exclusiva, con el fin de investigar lo antes posible qué es lo que ha ocurrido. Aquí hay varias responsabilidades: primero, la administrativa, que se aborda a través de los sumarios; y segundo, en caso de que tanto en la Corporación como en la Municipalidad se comprueben situaciones de perjuicio económico —considerando que parte de los fondos de la Corporación provienen del municipio—, por supuesto que tomaremos acciones de cobro. Además, en estos casos pueden surgir acciones penales, las cuales también emprenderemos con el mismo criterio”.
Además, agregó: “Aparte de los perjuicios económicos para la Municipalidad o para el país, también hay un daño para los usuarios. Muchos de estos funcionarios cumplían funciones críticas y, si no están, quienes se ven perjudicados son los propios vecinos”.
Por su parte, Claudia Casas, asesora jurídica municipal, indicó que “se ordenó de inmediato un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que puedan existir en cada uno de los casos”.
En ese contexto, la asesora jurídica mencionó que se informará a la brevedad a la Contraloría sobre las acciones tomadas por el municipio.
El alcalde de la comuna también se refirió a la cantidad de funcionarios implicados en la Cormupa, ya que inicialmente se había informado de 369 personas. “Respecto a la Corporación Municipal de Punta Arenas, los datos enviados en este informe confidencial y reservado fueron cruzados, y finalmente constatamos que fueron 250 los funcionarios que están en este listado. Esto se debe a que la Contraloría solo registraba las salidas, por lo que hay más de un funcionario que ha salido varias veces”.
Específicamente, desde la Corporación Municipal de Punta Arenas, Mariluz Herrera, directora subrogante, informó: “Identificamos a 250 funcionarios, de los cuales 174 pertenecían a Educación y 76 a Salud. Los de Educación corresponden al año 2023, por lo que se envió un oficio a la Contraloría indicando que esos funcionarios ya no pertenecen a la Corporación. Además, enviamos otro oficio al SLEP para que tome las acciones correspondientes”.
Sobre los plazos y las acciones a tomar con los funcionarios que aún pertenecen a la Corporación Municipal de Punta Arenas, la directora destacó que “a los 76 funcionarios de Salud ya se les instruyó un sumario, que contempla un período de investigación de 20 días hábiles”.
