A tres años del estallido social del 18 de octubre, las deterioradas condiciones sociales y materiales del pueblo chileno no han mejorado sustancialmente.
Ese es un hecho.
Las causas son múltiples y apuntan a un modelo de desarrollo desgastado y que tiende a profundizar las brechas y tensiones.
El año pasado, también en Zona Zero, expuse en esta misma fecha que “la descomposición del tejido social e institucional era y es de tal magnitud, que se percibía en el aire que la situación no daba para más, aunque algunos todavía insisten en decir que no vieron la ola que se acercaba, cuya fuerza desencadenó un tsunami imposible de atajar, lo que evidencia el divorcio y distanciamiento de los políticos con la realidad”.
Eso no ha cambiado.
Desde 2019 hasta hoy, las condiciones de precariedad en que viven amplios sectores de la población se mantienen; es decir, las causas que propiciaron el estallido social continúan estando ahí y se agravaron con la pandemia y el sombrío escenario internacional actual.
La institucionalidad heredada de la dictadura, escasamente reformada por los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y Piñera 1 y 2, es débil e insuficiente para extirpar la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, la discriminación, la injusticia, el saqueo sistemático de las arcas fiscales, las coimas, la vista gorda, la pobreza, la desigualdad y el abuso de poder.
¿Pero qué pasó entremedio que ya no se puede analizar del mismo modo lo que vino después del estallido?
Creo que la respuesta es una y contundente: la estrepitosa derrota infligida el 4 de septiembre pasado a la propuesta de la Convención Constitucional y que nos tiene hasta hoy en la incertidumbre de no saber si habrá o no una nueva Constitución.
En términos simples, se esfumó la posibilidad de tener una Carta Magna moderna, que se haga cargo del clamor ciudadano y oriente a Chile hacia un paradigma social más equitativo. Y junto con ello, la esperanza de un país más justo, solidario y fraterno.
Para mayor abundamiento, en la majamama política en que estamos, la derecha se apoderó de la conducción del proceso y maneja a su antojo los tiempos, valiéndose de la interpretación que apunta a que el 62 por ciento que rechazó el texto constitucional también los apoya a ellos.
Últimamente, con la paranoia que los caracteriza, sumaron al cuco del marxismo internacional el octubrismo, término que repiten una y otra vez para asustar a la gente, tal como lo hicieron antes con el k-pop, el chavismo, el castrismo y otros ismos de dudosa originalidad.
La manida artimaña del miedo colectivo solo esconde la intención de dilatar un acuerdo con el oficialismo para echar a andar un nuevo proceso constituyente, que es el mandato inicial de la ciudadanía.
Al parecer, la estratagema les está dando resultado, puesto que ya pasaron 45 días y todavía no se ponen de acuerdo en nada, salvo para manifestar majaderamente que se tomarán el tiempo que sea necesario para asegurar una “buena nueva Constitución”.
En tanto, el descontento crece y el Ejecutivo anunció este domingo, con bombos y platillos, el despliegue de 25 mil carabineros en las principales ciudades para precaver eventuales daños a la propiedad pública y privada.
La profecía autocumplida está en marcha y se prevé un martes 18 de octubre con cara de feriado, con actividades a media máquina y ese tufillo en el ambiente que presagia la cercanía de la tormenta.
