Se sabe que varias de las autoridades que hoy son parte del gabinete de Gobierno, antes de llegar al poder, fueron tajantes en su mirada y deseo respecto de la industria de la salmonicultura en la región. Dijeron directamente que no la querían y que harían todo lo posible por sacarla de Magallanes, eliminar la actividad directamente. Es cuestión de revisar las campañas derrotadas de las y los candidatos del actual oficialismo, o del discurso de la única representante parlamentaria del Presidente Boric en la zona, la diputada Javiera Morales.
Lo propio con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien incluso tomó la decisión de dejar fuera de su «regalona» CORMAG a los salmoneros. Cabe señalar que la salmonicultura a nivel local representa poco más del 22% del Producto Interno Bruto, es decir es una de las actividades económicas más relevantes de la región, incluso sobrepasando a otras que históricamente entregaban cifras similares en Magallanes.
Además, Flies tiene otra importante responsabilidad, y que hace meses debió empezar a llevar a cabo pero aún no lo hace: La Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Solamente él es quien convoca a dicha comisión para que se evalúen proyectos que están esperando resultados hace muchísimo tiempo, y donde además la máxima autoridad debe entregar señales concretas para el futuro de posibles inversiones, o no. Mostrar su postura, y la de una región, sin titubeos, atajos ni silencios.
Lo mismo con las autoridades representantes del Presidente Boric en la zona. Más allá de que han tenido algunas reuniones con la industria pareciera que la inacción es más potente ideológicamente. Porque hace muchos meses que ni siquiera se refieren al tema, mientras las cifras de la industria se van mostrando más que preocupantes en las últimas semanas.
Un dato relevante: En menos de un año (fines de 2022) la industria salmonera en Magallanes pasó de tener 4.080 personas contratadas a 2.880 en la actualidad (septiembre de 2023). Es decir, cerca de 1.200 trabajadores menos. Y lo cierto, es que según fuentes extraoficiales el escenario no mejoraría, si no todo lo contrario, si todo sigue igual.
Lo anterior, está directamente relacionado con la disminución en la producción del producto y que alcanzará un 30% menos en el cultivo. Cuestión que será preocupantemente visible durante el segundo semestre de 2024, aunque las primeras consecuencias ya se comienzan a ver sobretodo en familias magallánicas afectadas con la cesantía desde hace algunos meses. Pero nadie dice nada.
¿Por qué sucede esto?
Básicamente por la cantidad de trabas administrativas que se han desarrollado en el último tiempo, como la demora en la resolución de permisos, planes de cumplimiento frente a la autoridad medioambiental, ignorancia de cómo funciona la industria por parte de quienes están en cargos designados, falta de voluntad política, y suma y sigue.
Todo lo anterior, sumado a las fuertes acciones y presiones que han llevado adelante agrupaciones ecologistas y medioambientalistas extranjeras, fundaciones de grandes capitales afuerinos que se han instalado en nuestra región a decirnos qué hacer y qué comer, y cómo vivir… Porque esa es la verdad.
Ahora bien, cuál es la idea del Gobierno frente a esta preocupante situación. ¿Qué piensan hacer? Más de mil personas se han quedado sin trabajo y no han expresado ninguna palabra.
¿Lo saben? ¿Les importa? ¿Lo entienden?
Hace algunos meses la ex delegada Luz Bermúdez y la actual diputada Morales dijeron en entrevistas a medios locales que estaban «trabajando» y «buscando» las alternativas que reemplacen a la industria de la salmonicultura en Tierra del Fuego, ante el inminente cierre de Nova Austral. ¿Cuáles han sido los avances y propuestas? ¿Cuáles son las actividades que apuntarán a diversificar la matriz productiva, no tan solo fueguina, si no que de todo Magallanes?
¿Cómo impedirán la catástrofe laboral que se viene para Porvenir, o la que podría caer sobre buena parte de los trabajadores del resto de la región?
Acá se está demostrando un conveniente e irresponsable silencio por parte de quienes hoy están en el Gobierno y siempre se han mostrado en contra de la actividad salmonera. Pero lo más grave es que no lo quieren decir. Por lo menos eso es lo que demuestran al no enfrentar el complejo momento que se vive para miles de personas, y ni hablar del que se viene.
Porque los despidos no solamente afectan a los trabajadores directos de la industria, si no también a los indirectos, a los proveedores de servicios, contratistas, transportistas, plantas de procesos y todo lo que rodea a la actividad, y por cierto que a sus familias. Hablamos de miles de ciudadanos que están viviendo un momento de incertidumbre total.
Pero el silencio conveniente sigue, y las propuestas no aparecen… Igual que las autoridades. Lamentablemente.
