Es curioso observar, que la abdicación al poder del Director Supremo Bernardo O´Higgins en enero de 1823 tuvo como repercusión final, la organización de la República. Ese mismo año, se dictó la Constitución Política y Permanente del Estado de Chile, un texto compuesto de 277 artículos, que fue llamada por los historiadores como la “Constitución moralista” y que por lo compleja de su aplicación, fue abandonada definitivamente a comienzos de 1825.
En paralelo, el general Ramón Freire Serrano se convirtió en nuevo Director Supremo. Desde su alta investidura, promovió una serie de reformas en un momento histórico en que Chile efectuaba su ensayo para transformarse en una república con un sistema federal de gobierno, que fracasó porque las mismas provincias terminaron por rechazar su implementación.
En la administración del general Freire se abolió para siempre la esclavitud en Chile. Este es un logro muy importante y que a menudo, pasa desapercibido. Nuestro país fue la segunda nación en el mundo después de Dinamarca, en terminar con esta infame práctica.
Freire organizó también, la expedición militar que supuso la anexión del archipiélago de Chiloé –último bastión español en América- a Chile, luego de las batallas de Pudeto y Bellavista, con la rendición del general hispano Antonio de Quintanilla y sus hombres, conformados casi en su totalidad, por el Batallón de voluntarios de Castro, cuerpo armado que se distinguió en las luchas de la independencia peleando por la causa realista. La posterior firma del tratado de paz de Tantauco en enero de 1826, aseguró para el Estado chileno no sólo la conquista de Chiloé, sino además, la posibilidad cierta de establecer soberanía efectiva hasta el Cabo de Hornos.
A su vuelta a Santiago, el general Freire encontró el gobierno dividido, lo que motivó su renuncia al cargo de Director Supremo. En su remplazo asumió el mando de la nación, inaugurando el título de Presidente de la República, el ciudadano nacido en Buenos Aires –hijo de padre español y madre chilena- Manuel Blanco Encalada, quien apenas duró dos meses en sus altas funciones, puesto que renunció producto de la grave inestabilidad política que se vivía en el país y que perduró hasta las elecciones presidenciales de 1831.
En medio del caos reinante, se promulgó la Constitución liberal de 1828, redactada por el español José Joaquín de Mora y el jurista chileno Melchor de Santiago Concha y Cerda que tuvo efímera duración, pero que debe considerarse como precursor del futuro equilibrio político y administrativo que rigió a Chile por lo menos, hasta la aparición de la Constitución de 1925.
Se establecía en primer lugar, que Chile poseía un territorio cuyos límites iban desde el Desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos. Un segundo punto esencial y que se mantiene incólume en la actualidad, es la condición bicameral del Parlamento. Se creía, que el fundamento más importante de la carta magna descansaba en la existencia de dos organismos independientes pero que coexistían y que representaba la fortaleza principal del Congreso: su funcionamiento a través de una Cámara de Diputados y otra de Senadores.
Este principio, extraído de la democracia estadounidense se replicó en el país incluso, cuando el presidente José Joaquín Prieto –a instancias del ministro Diego Portales- decidió terminar con la Constitución de 1828 por tacharla de liberal en extremo y porque no pudo impedir desde la legalidad, los excesos de la guerra civil de 1829-30.
Se propuso entonces, redactar una nueva carta fundamental, que tomando lo mejor de la experiencia anterior, consolidara la idea de una república conservadora que avanzaba a paso firme en un proyecto político de largo plazo. De esta manera nació la mítica Constitución de 1833.
Para poder hacer realidad este proyecto, el presidente Prieto llamó a una gran Convención Constituyente el 20 de octubre de 1831 cuyo ideólogo principal no fue Diego Portales, como habitualmente se cree o se escucha decir, sino que el abogado, relojero y antiguo tipógrafo del periódico “Aurora de Chile”, Manuel José Gandarillas. Este grupo quedó integrado por treinta y seis personalidades, dieciséis diputados, catorce senadores y seis ciudadanos. La Convención eligió a un directorio compuesto por Joaquín Tocornal, como presidente; Fernando Elizalde, de vicepresidente y Juan Francisco Meneses, en calidad de secretario.
Después de intensas deliberaciones, los convencionales encargaron la redacción del nuevo texto constitucional a siete miembros del pleno, Mariano Egaña, Gabriel Tocornal, Agustín Vial Santelices, Fernando Elizalde, Manuel Gandarillas, Juan Francisco Meneses y Santiago Etchevers.
El proyecto para la nueva Constitución fue despachado el 9 de noviembre de 1832. Seis meses después, el 17 de mayo de 1833 fue aprobado el texto definitivo, el que fue presentado al gobierno una semana más tarde. Finalmente, el ejecutivo ordenó su promulgación el 25 de mayo.
Ese mismo día, entraba en vigor la Constitución Política de la República de Chile de 1833. En ese instante, nadie imaginaba que ese cuerpo legal iba a regir los destinos de la nación por casi una centuria.
