En un informe que recoge las actuaciones del Ejército durante los últimos 50 años, la institución reconoció además que no colaboraron para que exista verdad, justicia y reparación en nuestro país por los crímenes cometidos durante el gobierno cívico-militar.
El Ejército de Chile reconoció que existe “una profunda herida al deber militar” por las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por la institución durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet y que se extendió desde 1973 hasta 1990.
En el informe llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, la institución castrense también reconoce que no colaboraron en materia de reparación, verdad y justicia en los años posteriores a los crímenes de Estado, en el apartado «Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia».
«Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar», se lee en el informe.
El informe reconoce distintos crímenes cometidos por militares, como las masacres a opositores de la Caravana de la Muerte en distintas ciudades del país, la desaparición de opositores políticos secuestrados por la DINA, los asesinatos a los generales Carlos Prats y René Schneider, y el crimen al dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre otros.
En particular, sobre la Caravana de la Muerte, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, se dice que afectó a la institución porque significó que militares de bajo rango fueran procesados y condenados por cumplir órdenes.
«Las acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos (…) Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución», dice el informe.
«Las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales», enfatiza.
El documento, que también hace referencia al Fraude en el Ejército en el que se han visto involucrados excomandantes en Jefe por malversación de fondos públicos, dice que los hechos ocurridos durante la dictadura “dañó la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos”.
Asimismo, el informe repudia las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la dictadura de Augusto Pinochet, así como los obstáculos y cuestionamientos institucionales impuestos a las instancias de verdad, justicia y reparación que surgieron después de la transición a la democracia.
La institución castrense lo reconoció en el marco de su informe «Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años», cuyo capítulo cuarto (Período 1973–1998: «Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia«) se dedica casi exclusivamente a las vejaciones cometidas por militares y agentes del Estado.
El capítulo inicia sosteniendo que «las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar«.
Por lo demás, reconoce que el que Pinochet permaneciera a la cabeza del Ejército después del regreso a la democracia causó que la institución no colaborara con las investigaciones, pues bajo su mando -por ejemplo- se emitió un documento que cuestionó que el informe Rettig «adolecía de la necesaria contextualización de las causas y de la situación previa que vivía el país al 11 de septiembre de 1973».
Incluso una vez que el dictador dejara el cargo, en la intervención castrense en la «Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos» (1999-2000), se dijo que «la institución jamás propició una política de Estado destinada ‘per se’ a causar la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar», incluso cuando «resultaba evidente que, durante ese periodo, especialmente en los primeros años, se produjeron violaciones en materia de derechos humanos las que deben ser objeto de la más enfática reprobación, considerando que nunca un pretendido bien común podrá justificar la violación de estos derechos».
