Dirigentes del profesorado, asistentes de la educación, de las corporaciones municipales a nivel nacional han llegado hasta Punta Arenas, con el fin de reunirse con autoridades, gremios y recorrer la región en un intento de impedir la instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), a pesar de que se postergó ya en nueve regiones del país.
Cristian Figueroa, presidente nacional de las Corporaciones Municipales, comenta que el la situación es muy preocupante para toda la comunidad involucrada.
“Se esperaba harto de esta ley, pero hay algunos pilares que no cambian. La figura del sostenedor se mantiene (…) y esto deriva en que el funcionamiento sigue tal cual, que es uno de los temas más importantes”.
Figueroa también argumenta que se prioriza la educación privada por sobre la estatal, ya que sólo un 35% de la matrícula está en educación pública municipal. Además, estima que esta ley viene a profundizar la precariedad del empleo en el sector.
“Hoy se implementa una ley que es nefasta para la educación. Esta intentando terminar de sepultar lo que queda de educación pública en este país. Y eso hay que detener”, afirma Figueroa.
A su vez, Enrique Dayne, presidente nacional de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación (Fenasicom), estima que Magallanes tiene múltiples dificultades, incluso mayores que otras regiones del país en las cuales se suspendió la implementación del SLEP.
“Estamos acá apoyando para que no se implementen los SLEP. Es complejo en esta región, porque tenemos comunas muy distantes de la capital regional. En cambio, en el resto del país las distancias son más cortas”, argumenta Dayne.
A su vez, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, recuerda que la intención inicial era devolver la educación desde los municipios al Ministerio de Educación, para que el Estado sea el garante de entregar un servicio de calidad a todos los chilenos.
Sin embargo, Díaz denuncia que la ley fue perdiendo forma durante su tramitación en el Congreso.
“Poco a poco se fueron formando acuerdos de los partidos políticos, tanto de Gobierno como oposición, fueron concordándose. Tenemos serías dudas y críticas respecto de lo que en definitiva emergió a partir de ese acuerdo, porque en la práctica lo que se implementa es la administración de jardines, escuelas y liceos de Chile que no estaba en la perspectiva de lo que estábamos demandando los trabajadores”, argumenta el presidente del Magisterio.
