La comisión mixta finalmente resolvió las discrepancias parlamentarias en torno al proyecto de Presupuesto 2023, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y, en consecuencia, despachado al Senado, el último paso que le queda para convertirse en ley tras una turbulenta tramitación.
La Sala de la Cámara Baja visó con 135 votos a favor y apenas uno en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta, que se constituyó para destrabar los nudos por las modificaciones que ambas corporaciones legislativas le habían hecho al primer erario fiscal propuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.
Ambas Cámaras habían aprobado una glosa que obligaba al Ministerio Secretaría General de Gobierno a informar los estudios de opinión que realiza 15 días después de que se han entregado. En la instancia mixta el Gobierno pidió eliminar aquel punto, lo que fue acogido por los diputados y senadores, sin embargo, a cambio de recortar los recursos de la cartera en 1.500 millones de pesos: 1.000 millones menos en bienes y servicios y 500 millones del trabajo de la Secretaría de Comunicaciones.
«Creemos que ya que con esta reposición es un avance significativo para el funcionamiento del Ministerio. No solo hay que ver el funcionamiento de un Ministerio en particular que se encarga de comunicar los distintos programas y servicios del Estado, campañas de interés nacional -ayer lanzamos una de donación de órganos-; sino que también ver las otras propuestas que estaban sobre la mesa, y se logra un sano equilibrio, un acuerdo de los que no son nunca fáciles, pero es un avance respecto a los intereses generales del país», comentó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).
La oposición logró también que el Ejecutivo se allanara a redestinar parte de esas platas para fortalecer el Servicio Nacional de Migración y para ayudar a las pequeñas y medianas empresas mediante un nuevo programa radicado en Sercotec, «Reconstruye tu pyme», que apunta a ayudar a víctimas de hechos de violencia enmarcados en el estallido social.
«Hemos introducido materias que para nosotros son muy relevantes, como el aumento de los presupuestos para las expulsiones de los inmigrantes ilegales, y un porcentaje importante de recursos para todas las empresas que están levantándose luego del estallido social y la pandemia», destacó el diputado Frank Sauerbaum (RN).
Otro nudo que había estaba en torno a una glosa aprobada en los trámites previos en la partida de Educación, respecto de los estudiantes que hubiesen sido expulsados en virtud de la Ley Aula Segura, a quienes se les ponía como sanción adicional que durante un año no iban a poder optar a los beneficios de la Ley de Educación Superior; no obstante, no precisaba qué tipo de falta sancionada sería aplicable.
Aquel punto finalmente será derivado a un debate aparte de la tramitación del Presupuesto.
«Se acordó establecer una mesa de trabajo que evalúe los beneficios de gratuidad universitaria, en función de las conductas graves que algunos pueden haber tenido en los últimos años de la educación, y limite la gratuidad. Se va a hacer un estudio de esa realidad para ver si se cambia o no la ley en esa materia», confirmó el senador Juan Antonio Coloma (UDI).
