Los despidos se llevaron a cabo en marzo del 2024 por orden del fiscal regional, Cristián Crisosto. La sentencia acogió las demandas de ambos actores, ordenando al Fisco a cumplir con las indemnizaciones y el pago de las costas de la causa, lo que ratificó la Corte de Apelaciones en fallo este 10 de febrero.
Así las cosas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había presentado un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones en contra de una sentencia del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, que declaró injustificados los despidos de dos funcionarios del Ministerio Público: Mary Geysi Gutiérrez y Marcelo Figueroa Muñoz.
Para el caso de Mary Geysi, el CDE argumentó que la sentencia tergiversó los motivos del despido, al atribuirlos a un problema de “clima laboral”, cuando el verdadero motivo fue la reorganización de la Unidad de Administración y Finanzas, seperándola de la Unidad de Recursos Humanos. En tanto, para el caso de Figueroa, alegaron que se omitieron hechos relevantes como la falta de especialización en género.
