Se multiplican las críticas sectoriales y acciones en la justicia contra el Plan de Manejo de la Reserva Natural Kawésqar (cerca de 3 millones de hectáreas en los fiordos de Chile) que lleva adelante la Corporación Nacional Forestal (CONAF). En sus orígenes este plan estaba imaginado para equilibrar la utilización de recursos naturales y preservar el patrimonio chileno en el sector.
Pero a lo largo del tiempo fueron apareciendo actores extranjeros como ONGs, fundaciones y rostros de multimillonarios (Douglas y Kris Tompkins, Susan y David Rockefeller, el dueño de Patagonia Inc. Yvon Chouinard, entre otros) que iniciaron una gigantesca campaña en contra de cualquier actividad económica en el sur de Chile. Aunque esto perjudique a las poblaciones existentes y sus fuentes laborales. El país es, o pretende serlo, objeto de un experimento social único en el planeta. La idea: despoblar todo el sur del continente para preservarlo como un área salvaje. Sin gente. Sin cultura. Sin historia.
En este escenario comienzan a conocerse detalles y revelaciones de los acuerdos en danza entre la CONAF y organizaciones extranjeras, así como también los verdaderos intereses que hay detrás de la presencia de ONGs en la Patagonia.
Esta semana un grupo de representantes de los trabajadores salmonicultores presentaron ante Controlaría Regional en Magallanes una solicitud para que se investigue el proceso de elaboración del plan y finalmente reclaman su anulación hasta esta instancia.
Ahora es el turno de Comunidad Kawésqar Canoeros Australes que ingresó a través de su abogado, Juan José Srdanovic Arcos, una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en contra de quienes resulten responsables en relación con el convenio firmado por CONAF y la ONG The Pew Charitable Trusts (PEW) de 2020, que impacta directamente sobre el resultado del plan de manejo.
Hasta donde se sabe la ONG “PEW, una ONG estadounidense, proporcionó más de $1.900 millones a la Universidad Austral de Chile (UACH), alrededor de USD 2 millones, que posteriormente habrían sido traspasados a CONAF”, según otra denuncia de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes en marzo pasado en Controlaría Regional. Desde CONAF dicen que el monto es de unos $70 millones.
Los argumentos de los representantes de la comunidad son claros: PEW ha manifestado su oposición a cualquier iniciativa económica en la Patagonia y, por otro lado, sus inversiones en combustibles fósiles la obligan a buscar formas de compensación en la huella de carbono que lleva su firma. Por lo tanto, la participación de PEW es incompatible con un acuerdo de desarrollo y preservación como el que se pretendía, al menos originalmente, en el sur de Chile.
“La gravedad de este convenio es que se aparta del fin último del Estado que es el bien común y pone en su lugar el interés de una ONG extranjera ligada a grupos petroleros que requieren compensar su huella de carbono para efectuar su producción energética”, indica la querella.
“En efecto Pew es una ONG que en su génesis está ligada a la Petrolera Sunoco y que es administrada por los herederos de la Howard Pew; quienes tienen diversos negocios que generan conflictos de interés tal como detalla la BBC el día 3 de Octubre de 2010 esta OnG es el único beneficiario de siete fondos caritativos establecidos entre 1948 y 1979 por dos hijos y dos hijas del fundador de la compañía Sun Oil, Joseph N. Pew y su esposa Mary Anderson Pew; por ende tras la ONG existe un grupo familiar que tiene intereses económicos y presencia en el mercado y que evidentemente no quiere que en la Patagonia se desarrolle la Pesca en sus distintas formas”, agrega.
“(…) en su página Web se desprende que Pew no es un ente imparcial, sino que es una ONG militante que tiene un proyecto preconcebido para la Patagonia diseñado en su sede en Estados Unidos”, sigue.
“Claramente las misiones de Conaf y De Pew son incompatibles ya que en el caso del ente estatal debe velar por mejorar la calidad de vida de los habitantes mientras que Pew busca terminar con las actividades económicas de sus habitantes en la zona protegida; siendo ambos objetivos incompatibles. Así pues claramente lo que busca Pew no es diseñar un plan de manejo de acuerdo a las distintas visiones que tenemos quienes vivimos desde tiempos ancestrales en la zona; sino que aprovecha su posición para experimentar e imponernos su visión, visión que nos impedirá explotar el territorio en el que vivimos desde tiempos ancestrales”, subraya.
“En general, las ONG no deben financiar directamente políticas públicas, ya que esto plantea conflictos de interés, socava la transparencia y la integridad del proceso administrativo, y dar lugar a influencias indebidas”, apunta.
La comunidad kawésqar solicita a la justicia que se investiguen los antecedentes mencionados en el contexto del convenio de CONAF y PEW, recabe mayor información, tome declaraciones pertinentes a funcionarios vinculados al acuerdo, sean indagados presuntos pagos a funcionarios de CONAF o de la Universidad de Chile, entre otras medidas.
