Luego de un sinnúmero de situaciones incómodas, donde la figura encargada de la Delegación Presidencial había puesto trabas en el funcionamiento de la nueva institucionalidad, y además de interferir en la petición de reuniones entre el Gobernador Regional (máxima autoridad local) y los seremis y directores de servicios, finalmente el Congreso puso término definitivo a aquello.
Esto porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en último trámite y despachó a ley el proyecto del Gobierno que busca corregir falencias para «implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país».
Entre las principales modificaciones que incorpora al capítulo que creó el cargo de gobernador en la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, está aquella referida a las reuniones de esa nueva autoridad, electa democráticamente, con jefes de servicios públicos que sigan bajo la jerarquía de La Moneda, o con los secretarios regionales ministerios (seremis), punto que reclamaba Mundaca.
En detalle, agrega la siguiente norma, que no existía: «El gobierno regional podrá convocar a los directores regionales de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República o a los secretarios regionales ministeriales para abordar la contribución sectorial en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de desarrollo de la región, según corresponda».
También pone fin al denominado «silencio administrativo» sobre la transferencia de competencias. La ley, hasta antes de este proyecto, establecía que si el Ejecutivo no respondía en seis meses la solicitud del gobernador para el traspaso de alguna facultad, ésta se daba por denegada. Pero ahora, el Gobierno Central «deberá responder expresa y fundadamente» si acepta o rechaza la petición.
Por otro lado, establece que la Contraloría General de la República resolverá los conflictos que se susciten entre gobernador y delegado, como, por ejemplo, aquellos que puedan producirse por una eventual dualidad de competencias.
El texto, que tuvo que ir a comisión mixta, fue visado hoy en la Cámara Baja con 120 votos a favor, 2 en contra -Félix González y Pamela Jiles- y una abstención -Rodrigo González-.
