El contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez, ordenó el pasado 29 junio paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen el traspaso de dineros del Estado a fundaciones, medida que se dio tras el escándalo de la Fundación Democracia Viva y que -tras un mes de diligencias- ya tiene su primer avance, en el que destacan varias irregularidades de las entidades revisadas.
Según reveló La Tercera este sábado, la Contraloría ha indagado 34 convenios que fueron congelados, de ellos, 29 no cumplen los estándares requeridos por el ente y fueron declarados ilegales o «representados».
Las objeciones son de acuerdos suscritos el 2023 e involucran más de 13 mil millones de pesos.
Los giros «demasiados amplios» de las ONG involucradas, la «falta de claridad de los ítems de gastos«, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades y la «inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos«, son parte de las observaciones que destacó Contraloría en su negativo informe.
Al ser declarados ilegales, los convenios objetados fueron anulados y deben volver a iniciar de cero el proceso si quieren otro proceso de toma de razón.
Una de las principales irregularidades en estos casos es la registrada en la Región de Los Lagos, donde incluso se allanaron las dependencias de la gobernación regional, encabezada por Patricio Vallespín (exDC), por la investigación de eventuales irregularidades en la transferencia de 4.000 millones a tres ONG.
En esta región, la Contraloría dio cuenta que fue declarada ilegal la transferencia por 1.200 millones de pesos del GORE a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, misma decisión que se tomó con los más de 2.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Chinquihue.
A esto se suma que también fue «representado» el acuerdo entre el gobierno regional y la Fundación Participa, convenio que involucra 1.020 millones de pesos y que es parte de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en esa región.
Mientras que el principal cuestionamiento en la región se dio por la transferencia de más de 667 millones de pesos a la «Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo«, pese a que por parte de los fiscalizadores fue declarado ilegal.
Debido a esto, el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el GORE de Los Lagos con el fin de establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.
Según reveló el medio antes citado, de los 29 convenios objetados por la Contraloría, 22 tienen su origen en Los Lagos.
