El sector de la salmonicultura comienza a recibir los impactos de una política nacional diseñada para su desaparición. El gobierno de Gabriel Boric, junto a su ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, propietaria de un discurso de batalla en contra de la industria, y una serie de ONGs internacionales, financiadas por poderosos grupos económicos, están volviendo realidad la profecía en la cual ellos lograban expulsar de Magallanes a una de los sectores más exitosos de su historia.
En los últimos 30 días se ha perdido alrededor del 40% de la fuerza laboral en las plantas procesadoras de la industria salmonicultora en la región. Fuentes de la industria calculan que se cayeron entre 1500 y 2000 empleos en las últimas semanas producto de una baja en la producción que tiene su correlato en la imposibilidad de hacer crecer el sector y a los numerosos condicionamientos administrativos que vuelven muy complejo imaginar un horizonte de negocios optimista.
La lucha por su supervivencia se ha librado en el Congreso y en la calles donde miles de trabajadores lograron contener parcialmente la andanada gubernamental. Por lo pronto, poco y nada se le ha escuchado decir al gobernador Jorge Flies al respecto y a la alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, quienes tienen gestándose en su patio trasero una crisis económica y social como no se ha visto en décadas.
Voces del sector informan que la planta Entrevientos redujo sustancialmente su producción en Punta Arenas; en Puerto Natales, la planta Alvarez & Alvarez suspendió sus actividades hasta noviembre, estos se suman al cierre de la planta Torres del Paine de Australis. Así las cosas, se calcula que más de 1500 operarios directos bajo quedarán sin sus puestos de trabajo.
Las proyecciones de producción continuarán a la baja en el marco de las nulas posibilidades de acceder a nuevas concesiones o ampliar las existencias. La producción se enfrenta a una barrera burocrática que afectará de lleno en el empleo en Magallanes en lo que resta del 2023 y durante el 2024.
Días atrás se desarrolló en Punta Arenas el Primer Encuentro Empresarial del que participaron los principales actores del sector del país y representantes de las Fuerzas Armadas. En esta reunión clave se hizo extrañar la presencia de Oyarzo y el paso etéreo de Flies quien se apuntó con un discurso y poco más. Justamente dos referentes políticos que cuentan con avidez las platas que entrega la industria en conceptos de patentes de todo orden.
En la región no se han implementado hasta ahora planes de contención ante esta dura realidad. La última ocasión en que se observó el desempleo masivo en Magallanes data de los 70 durante el gobierno militar.
“La fila de trabajadores que había cobrando su finiquito aquí en el centro de Punta Arenas era tremenda”, le relató una persona a El Pinguino en referencia a las personas que perdieron su empleo en la planta Torres del Paine.
El escenario se completa con la crisis de Nova Austral que bordea el abismo desde hace meses. Si la empresa deja de operar se estima que unos 3500 trabajadores perderán su empleo en la zona de Porvenir.
“No hay ninguna actividad económica en Porvenir que pueda absorber esa cantidad de puestos de trabajo”, señaló el alcalde José gabriel Parada a El Mercurio.
La masa salarial de los empleados del sector en Magallanes ronda los 100 millones de dólares anuales, según datos del sector, mientras que el aporte en patentes ronda los 3000 millones de pesos anuales.
En la actualidad la salmonicultura es la industria estrella de Magallanes con exportaciones por más de 650 millones de dólares.
De este modo, no sería de extrañar que la actividad comercial muy pronto comience a sentir la baja sustancial en el consumo de alimentos, servicios y recreación.
Todos estos números no convencen a una clase política obsesionada por su desaparición. En mayo pasado la ministra Roja mantuvo una fuerte discusión con trabajadores de Aysén cuando manifestó en tono bélico que el gobierno seguiría luchando por erradicar al sector de la zona de reservas que básicamente implica condenar su existencia.
“Ella manifestó que había perdido cuando se votó en contra de la indicación para prohibir la salmonicultura en toda área protegida, pero que iba a contraatacar, a insistir en el proyecto en la próxima Ley Acuícola”, dijo entonces la presidenta de Acuiprov, Katia Inostroza a Salmonexpert.
“Casi fue una declaración de guerra de la ministra contra la salmonicultura, consultamos si la nueva ley contemplaba una plataforma social, ya que vemos lamentablemente un sesgo ideológico-político grande y se están olvidando de que la región completa ve amenazada su fuente de trabajo”, agregó.
La ministra, por su lado, se defendió ante el Congreso días atrás con un discurso encendido que contradice sus palabras reiteradas en distintos ámbitos.
“Todo lo contrario a mi interés y rol es poner cortapisas o frenar a la industria salmonicultora, que es muy importante y tengo la convicción que puede seguir desarrollándose en el país, creciendo de manera compatible con el cuidado de las áreas protegidas”, señaló Rojas.
Días atrás la dependencia que lidera la ministra hizo correr un documento donde “recordaba” a numerosos organismos del Estado que no se podría avanzar en nuevas concesiones en Reservas sin contar con planes de manejo. Esta circular intentaba saltarse la decisión del propio Congreso que en mayo pasado había determinado que las salmoneras podían permanecer en estos espacios y llevar adelante su actividad.
En la actualidad hay 71 solicitudes de concesiones en trámite pero hace una década que no se aprueba una nueva.
Contrariamente a una feroz campaña de desinformación que circula en las redes y de la que el propio gobierno se hace eco, la salmonicultura ocupa un espacio mínimo en Magallanes que se traduce en 2.121 hectáreas un 0,03 % del total de la región. En esta pequeña dimensión ha desarrollado una actividad que representa el 30% del PIB de Magallanes.
