Escrutadas 38.659 mesas, de un total de 38.665, correspondiente al 99,98 por ciento de las instaladas en todo el país, puedo decir con absoluta certeza que la borrachera electoral finalizó y sólo resta recuperarse de la resaca, al menos hasta fin de año, cuando volvamos a las urnas para ratificar o rechazar la propuesta de nueva Constitución que harán los 51 consejeros responsables de la redacción final del texto.
Cual más, cual menos, los partidos y conglomerados políticos que se apoderaron de la manija, luego de la estrepitosa derrota de la convención constituyente el 4 de septiembre pasado, intentan explicar hoy por qué el ultraderechista Partido Republicano -el único abiertamente contrario a cambiar la constitución de Pinochet- ganó los comicios y guiará los cambios sin creer en ellos.
Hace casi dos meses alerté en esta columna acerca de lo inconveniente que resultaba que la desprestigiada clase política chilena se apoderará de un proceso que nació de las exigencias planteadas en las calles por la ciudadanía movilizada por un conjunto de demandas que hasta hoy no han sido satisfechas, entre otras, pensiones dignas, salud oportuna y educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles.
También dije que en medio de la revuelta social la clase política interpretó que lo que se necesitaba para que no cayera el sistema era una nueva Constitución, nacida en democracia y redactada por constituyentes electos, sin siquiera imaginar que a la vuelta de un año el texto sería rechazado por una abrumadora mayoría de chilenas y chilenos.
Luego de la derrota, la ceguera, soberbia y oportunismo de la clase dirigente la llevó a instalar una cocina que dejó fuera al pueblo de la elaboración de la Carta Magna, reemplazándolo por organismos colegiados compuestos por militantes de partidos, o si lo prefiere políticos profesionales, desconectados de los problemas cotidianos de la población, lo que terminó pavimentando este domingo el triunfo de la ultraderecha, que supo capitalizar a través de un discurso duro, oportunista y populista la indignación de los sectores que responsabilizan al oficialismo de la delincuencia desatada, de la economía que no crece, de la inflación y de la inmigración desordenada.
Así lo reflejan los resultados, con los republicanos ocupando 22 escaños del Consejo Constitucional, con casi 3 millones y medio de votos, los que unidos a los 11 de la denominada centroderecha dan a este sector un histórico récord de más del 50 por ciento del electorado, los cual les permite manejar el proceso a su antojo, aunque algunos sostengan que sólo podrán maniobrar hasta el límite impuesto por los doce bordes constitucionales.
En medio del triunfalismo de la ultraderecha, el oficialismo intenta comprender las señales enviadas por los casi 12 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas que participaron en estos comicios con voto obligatorio, cifras similares a las del 4 de septiembre de 2022.
Pero lo más notable y novedoso de esta elección es constatar que la desafección hacia el modelo de democracia que tenemos creció algo más del 20 por ciento (sumados los nulos y blancos), es decir, 2.687.978 personas dijeron “no validaremos con nuestro voto un proceso aberrante y antidemocrático”, lo cual los transformó en la tercera fuerza política del país, superada solamente por los republicanos y el oficialista conglomerado Unidad para Chile. Será labor de analistas y cientistas políticos dilucidar qué esconden estas cifras. Por ahora, me quedó con las reflexiones del historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia en 2006, en una entrevista publicada la semana pasada por El Desconcierto: “Porque si no estamos de acuerdo con este proceso, porque no tiene legitimidad alguna, tiene un grado enorme de grotesco, casi de ridículo. Si no estamos de acuerdo, ¿qué herramientas tenemos a mano? La única herramienta eficaz sería que fuéramos soberanos. Parar a estos señores, mandarlos a su casa, convocar nosotros a una asamblea constituyente ciudadana, libremente electa y nosotros dictar la ley. Pero no estamos preparados para eso. Durante 200 años nos alejamos, nos salimos de la política, nos mandaron a la calle y aprendimos a pelear desde la calle. Eso sí sabemos, pero eso (la calle) no significa saber construir el Estado que necesitamos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer este 7 de mayo? Si no podemos hacer valer toda nuestra soberanía, no nos queda otra que molestarlos, ponerles zancadillas, lo más dolorosas posible para ellos”.
