Luego de que más de 800 profesores demandaran al Estado de Chile por el pago de la denominada Deuda Histórica, hace 16 años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado nacional el pago de esta indemnización en tres cuotas anuales a los 660 docentes que siguen con vida.
El caso se origina en el contexto de la dictadura militar, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.
Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. No obstante, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica”.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a los profesores que no recibieron sus asignaciones previsionales tras el traspaso a la educación municipal, esto es, la denominada “deuda histórica”.
De los 848 docentes que recurrieron al tribunal internacional, solo 660 quedan con vida. Al día de hoy, la cifra de asignaciones impagas alcanzaba los $72 mil millones.
En el marco del proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia y luego de siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, la CIDH zanjó el tema de la “deuda histórica”, tras dar a conocer su sentencia.
Los docentes demandaron al Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago.
Actualmente, de los 848 profesores demandantes, solo 660 están con vida. “Durante estos casi 30 años, han muerto el 20% de ellos”, explicó el abogado Ciro Colombara, a cargo de la representación.
Incluso, al 30 de mayo habían fallecido 185. De los peticionarios, 324 tienen entre 70-79 años. Mientras que 146, más de 80 años.
Según los demandantes, la posición del Estado ha sido dilatar y eludir el cumplimiento de las sentencias, privando a las municipales de los fondos para cumplir con los pagos al que el Estado había sido condenado.
Agregaron además que durante la tramitación del proceso internacional, llamo a las víctimas a participar en una solución amistosa, lo que paralizó en muchos años el avance. “Hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo”, señaló Colombara.
