Múltiples irregularidades constató la Contraloría General de la República al auditar los gastos y transferencias otorgadas por el Gobierno Regional de Magallanes entre enero y septiembre de 2024. La entidad fiscalizadora analizó las transferencias efectuadas por el GORE al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas.
Al mismo tiempo, el órgano contralor verificó que cada Gobierno Regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas con sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.
Entre las observaciones al GORE de Magallanes, que lidera Jorge Flies, se da cuenta de que dentro de las actividades encomendadas a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios, se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad.
En consecuencia, la entidad deberá implementar las acciones necesarias a fin de que la difusión se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual. Lo mismo respecto al mal uso de los medios de comunicación y redes institucionales.
También se determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios, fueron aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios.
Se constató además que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado.
Por otra parte, conforme a la carga de combustible registrada en la bitácora del vehículo para el traslado del gobernador regional, durante más de 5 meses no se cumplió con la cuota máxima de 300 litros de consumo mensual de bencina.
Ante los antecedentes expuestos, el órgano contralor iniciará un sumario en el Gobierno Regional de Magallanes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Detalles:
Jorge Flies Añón – Gobernador Regional
Observaciones: Uso de redes sociales personales con recursos públicos; aprobación de informes fuera del marco contractual; solicitudes de compras sin respaldo; uso de imagen institucional centrada en su persona.
Implicancias: Mencionado como objeto de procedimiento disciplinario.
Mario Bustamante – Secretario Técnico.
Observaciones: Visó informes de actividades de honorarios sin ser el supervisor contractual.
Implicancias: Mencionado en observaciones que derivan en procedimiento disciplinario.
Pedro Ossandón Solar – Jefe de Gabinete.
Observaciones: Visó informes de actividades sin ser el responsable estipulado.
Implicancias: Incluido en observaciones administrativas relevantes.
Ricardo Foretich Oyarzún – Jefe de División Infraestructura y Transporte
Observaciones: Aprobación de informes en contravención al contrato.
Implicancias: Parte de visaciones observadas por Contraloría.
Maximiliano Larenas Velásquez – Prestador a honorarios
Observaciones: Informes genéricos, sin respaldo detallado.
Implicancias: Contrato observado; posible uso irregular de honorarios.
Nicolás Pacheco Plastic – Prestador a honorarios
Observaciones: Informe repetitivo y no específico de labores.
Implicancias: Contrato observado por no cumplir exigencias normativas.
Francisca Zúñiga Vergara – Prestadora a honorarios
Observaciones: Tareas generales y sin verificación efectiva.
Implicancias: Observaciones sobre validez del servicio prestado.
Luis Fierro Águila – Prestador a honorarios
Observaciones: Funciones descritas genéricamente sin respaldo.
Implicancias: Observación por servicios mal fundamentados.
Marcial Marín Farías – Prestador a honorarios
Observaciones: Visado por funcionario distinto al responsable contractual.
Implicancias: Caso incluido entre visaciones irregulares.
Informe Final
En base al Informe Final de Auditoría N° 811 de 2024 del GORE Magallanes, las irregularidades detectadas se enmarcan principalmente en el ámbito administrativo, pero podrían eventualmente derivar en responsabilidades civiles o incluso penales, dependiendo de la gravedad de los hechos y su calificación posterior por la Contraloría, el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Posibles sanciones administrativas
Estas son las más probables y se aplican si se determina que hubo faltas a los deberes funcionarios:
1. Amonestación por escrito
2. Censura
3. Multa
4. Suspensión del empleo
5. Destitución (para funcionarios públicos con cargos de planta o contrata)
Estas sanciones se rigen por el Estatuto Administrativo (Ley N°18.834) y son determinadas tras un sumario o investigación administrativa.
Posibles responsabilidades civiles
Si se acredita perjuicio fiscal, los funcionarios y prestadores podrían ser responsables por:
• Reintegro de fondos mal utilizados
• Cobro judicial por parte del CDE en caso de daño patrimonial al Estado.
¿Hay posibles delitos?
Algunas situaciones podrían configurar delitos, pero eso debe ser calificado por el Ministerio Público. En el informe no se afirma que exista delito, pero se observan conductas que podrían dar origen a denuncias penales, por ejemplo:
Cuando un funcionario permite el pago de servicios no prestados o visados sin respaldo.
• Ejemplo: informes genéricos visados por funcionarios no autorizados.
En caso de uso indebido de fondos públicos (ej. gastos sin justificación, compras sin destino claro, uso de recursos públicos en beneficio personal como redes sociales políticas).
Si se comprueba que algún informe o acto administrativo fue alterado o falsificado deliberadamente.
¿Qué dice el informe sobre delitos?
El informe no califica hechos como delitos, pero remite los antecedentes a la Contraloría General para el inicio de un procedimiento disciplinario. Si se detecta perjuicio fiscal, la Contraloría puede remitir el caso al:
• Consejo de Defensa del Estado (CDE)
• Fiscalía, si ve indicios de delito penal.
Conclusión
• Hoy, los involucrados enfrentan eventuales sanciones administrativas.
• Si se detecta daño fiscal o dolo, podrían surgir acciones civiles o penales.
• No se declara delito en el informe, pero hay hechos que podrían ser investigados penalmente.
Reacción del Gobierno Regional
A través de un comunicado de prensa, pasadas las 20 horas de este miércoles, el Gobierno Regional de Magallanes se refirió al informe de Contraloría:
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