La Contraloría General de la República informó este jueves que instruyó oficialmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para que rinda cuentas respecto a cómo se realizó el polémico proceso de convenios que involucró a Democracia Viva, pero también de todas las fundaciones sin fines de lucro en Antofagasta, entre 2022 y 2023, fijando un plazo de cinco días hábiles para la entrega de la información, que se cumplirá el jueves 29 de junio.
Según consignó La Tercera, la fiscalización de Contraloría llega en un momento complejo para el Gobierno, especialmente para Revolución Democrática (RD), debido a que ahora son dos los procesos en simultáneo que deberán enfrentar, ya que este último se sumó a la acción Judicial de la Fiscalía, luego de que la entidad abriera una investigación de oficio para indagar la legalidad del contrato entre el Ejecutivo y la ONG representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Los dirigentes del Frente Amplio habían descartado implicancias legales y administrativas, limitando la situación a la esfera política, como lo señaló el martes pasado el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, al comentar que «no hay nada irregular o ilegal en el convenio (…) el tema y el descriterio está justamente en el vínculo en que se da la sospecha, por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior».
Sin embargo, el oficio de Contraloría no solamente se centra en la entrega de recursos a Democracia Viva, sino que en todos los procesos en donde se proporcionaron recursos a fundaciones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Las solicitudes de información por parte de Contraloría entregan -generalmente- un plazo entre 10 y 15 días, pero esta ocasión fue una excepción, ya que el oficio emanado por la entidad afirmó que «los antecedentes requeridos deberán ser remitidos en un plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio, a través de la plataforma web ‘Ventanilla Única’, de este Organismo Fiscalizador».
En esa línea, entre 2018 y 2023 la Contraloría ha ejecutado 556 acciones de fiscalización al Minvu, dentro de las cuales se encuentran auditorías financieras y de cumplimiento, investigaciones especiales de obra pública, entre otras.
No obstante, la petición en este caso no se trata de una solicitud general, ya que la entidad fiscalizadora pidió -además- una serie de detalles para acceder a la rendición de cuentas, como el detalle de todos los convenios de transferencias suscritos relacionados al programa de «asentamientos precarios», identificando los actos administrativos que los aprobaron, su fecha, la organización receptora y la identificación del proyecto.
Asimismo, Contraloría pidió los montos pactados, el detalle del dinero que se entregó y el estado actual de su ejecución.
Tras lo anterior, el Minvu deberá informar sobre la entrega de fondos a las ONG, o bien pedir una prórroga del proceso.
