La Contraloría General de la República (CGR) impartió este lunes una serie de instrucciones, para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios públicos sumariados por un mal uso de licencias médicas.
Se trata de un documento de siete puntos, donde el ente contralor señala que «corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios, considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos», detalla la institución en un comunicado.
Respecto de la designación de un fiscal, indica que «este no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado», así como «que goce de un grado o jerarquía similar o mayor que el de éste», y que este trabajador «tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite».
«En cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9 (informe que detectó el uso de licencias para salir del país), deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente».
El instructivo añade que «los sumarios deberán contar con un debido proceso, que, en el ámbito administrativo, implica un racional y justo procedimiento. Por ello, se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa».
«Finalmente, se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto por este organismo de control, están afectos a toma de razón, los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización. Asimismo, el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la CGR«, recalca el escrito.
