Chile durante décadas ha sido un ejemplo de disciplina fiscal en la región. Tras las
reformas estructurales que modernizaron la institucionalidad económica. A comienzos de
los 2000 Chile adoptó una regla fiscal contracíclica que evitó cometer los errores que
ocurrían en los países vecinos, es decir gastar sin control en épocas de bonanza y caer
en incumplimientos en los tiempos de crisis.
Sin embargo, ese equilibrio se ha ido
debilitando con el paso del tiempo. La pandemia marcó un hito ya que el Estado tuvo que
actuar con fuerza y ocupar las herramientas que tiene disponibles para palear la grave
situación, esto produjo que se elevara el gasto anual del estado. Sin duda esto era muy
necesario para combatir tal escenario. Pero lo que era una excepción, lentamente se está
volviendo costumbre.
La deuda bruta del Gobierno Central alcanza el 42,3% del PIB (DIPRES, 2024). Aunque
aún es baja si la comparamos con países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos
bordea el 123% del PIB, Francia el 110% y Japón supera el 250%, lo que importa no es
solo el volumen, sino la tendencia y la capacidad de pago. Las economías
desarrolladas tienen mercados financieros más profundos, mayor credibilidad institucional
y divisas de reserva internacional.
Chile, en cambio, aún depende de ingresos que tienen
variables cíclicas y dependientes de los mercados como son los recursos naturales y de la
confianza de inversionistas externos. Además, como todos sabemos, al contraer deuda
existen intereses que se deben pagar y para nuestro país ya alcanzan el 1,2% del PIB, es
decir, más de US$ 3.700 millones en 2024. Esto representa más del presupuesto anual
destinado a sueldos de Carabineros.
Ahora, nos tenemos que preguntar ¿Por qué llegamos aquí? Parte de la respuesta está
en la creciente presión política para alcanzar objetivos de los planes de gobierno sin
reestructurar la base tributaria de forma sostenida. Educación gratuita, aumento de
pensiones, subsidios energéticos, salud universal. Todo parece necesario, pero nada es
gratis. Y lo que no se paga hoy, se paga con deuda mañana.
La regla fiscal estructural, si bien sigue vigente, ha sido tensionada al límite. Los gastos
transitorios se han vuelto permanentes y la evaluación de programas, su efectividad y
pertinencia han quedado muchas veces desplazadas ante la urgencia política o electoral.
La sostenibilidad fiscal, si bien es un tema muy técnico es profundamente ético, ya que
hipotecar recursos del futuro para financiar el presente, sin una estrategia clara de retorno
económico, es cargar a las próximas generaciones con decisiones que no tomaron y de
las cuales se tendrán que hacer responsables.
La deuda pública no es solo un número. Es un espejo. Y lo que refleja hoy es la urgencia
de tomar decisiones responsables, que nos permitan crecer con justicia, pero sin perder la
estabilidad que tanto costó construir.
