De manera unánime, la Sala del Senado despachó este miércoles a tercer trámite el proyecto de ley presentado en marzo por el Gobierno para crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quedando cerca de culminar su tramitación legislativa.
De aprobarse la iniciativa, quienes integren esta base de datos tendrán la obligación de pagar sus pensiones adeudadas, dejando la lógica de las sanciones punitivas (por ejemplo, a través de arrestos) y avanzando en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial.
«El registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones a todos quienes tengan deudas de alimentos», destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI).
Esto «significará dar un giro radical en la forma en que se hacen las cosas, puesto que la evidencia indica que las sanciones de arresto no son efectivas para el objetivo final que tenemos todos, que es que paguen sus pensiones. Con estas nuevas medidas, lo primero que estamos asegurando es la cancelación total de la deuda«, señaló el secretario de Estado.
El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, que puede culminar la tramitación si aprueba las modificaciones que introdujo el Senado. De lo contrario, se formará una Comisión Mixta para dirimir las discrepancias.
