25.078 funcionarios públicos, o de estamentos que cumplen esa función a nivel nacional, están en el ojo del huracán tras haber sido detectados por Contraloría viajando fuera del país estando con licencia médica.
En los últimos días, Contraloría ha aclarado el escenario del universo de funcionarios públicos, dando cuenta que se trata de una cifra que irá en descenso, ya sea por jubilación, renuncias, fallecimientos, o porque cometieron la falta en dos servicios diferentes.
Esta semana, las autoridades han ido aclarando dudas respecto de los procesos administrativos, especialmente por el escenario inédito de un alto número de sumarios.
En el Gobierno central ya hay 6.600 sumarios abiertos a más de 8 mil trabajadores en 131 instituciones, quedando la gran interrogante sobre 17 mil funcionarios públicos en más de 550 reparticiones o empresas.
Mientras algunas reparticiones han iniciado sumarios, otras derechamente han desvinculado a los infractores. Esto porque empresas estatales como Codelco, Metro, Banco Estado, entre otros, se rigen por las normas del Código del Trabajo, a diferencia del resto de reparticiones, regidas por el estatuto administrativo, que exige el desarrollo de sumarios para las destituciones.
En el caso de Codelco, los trabajadores despedidos se fueron sin el derecho a la indemnización.
Las sanciones para los funcionarios infractores tienen aristas civiles, penales y administrativas. En esto último, se parte desde el rechazo de la licencia frente al asegurador y la devolución de los fondos al servicio en el cual trabajan o trabajaban.
En lo que respecta a sanciones, puede haber reducción de sueldo, suspensión de labores o la destitución. Sin embargo, también podría haber sobreseimiento en casos específicos.
Frente al escenario de renuncias y despidos, diversos expertos, aclaran que, aún ante una renuncia, el sumario seguirá su curso, porque corresponde a un mandato directo desde Contraloría, y la sanción administrativa quedará en la hoja de vida del trabajador.
Sobre los plazos, el sumario solo tendrá que responder tres preguntas, y se estima de una duración reducida. Las expectativas son que el proceso administrativo pueda estar listo en un margen entre 45 y 60 días
