El medio de comunicación La Red publicó este domingo una preocupante información, y a la vez sorpresiva. Según un oficio de la Sección de Asuntos Internos Magallanes, en la bóveda que está bajo el inmueble de la autoridad regional y la Prefectura de Carabineros en la ciudad de Punta Arenas, se encontró un verdadero polvorín con armas de grueso calibre, cajas con municiones y pistolas. La mayoría sin documentación que indicara de dónde provenían y cómo habían llegado hasta ahí. Algunas incluso debían haber sido destruidas hace años.
El 13 de enero de este año, el Presidente, Sebastián Piñera, promulgó con bombos y platillos la nueva Ley de Control de Armas, la que tiene como finalidad fortalecer la fiscalización y aumentar los requisitos para el acceso a armamento.
“Va a permitir un control de las armas de fuego desde que ingresan o se producen en nuestro país, hasta que se destruyen. Vamos a reemplazar un sistema que era muy arcaico”, señaló el mandatario en un punto de prensa.
Pero lo cierto es que no siempre se necesita una nueva ley para saber dónde están las armas, ya que en ocasiones están en el lugar menos pensado y bajo la custodia de quienes las deberían estar buscando.
El 23 de noviembre de 2021 el Teniente Coronel de Carabineros Claudio Andrés Landero Flores, quien se desempeña como Subprefecto del Depósito Central de Armas, dependiente de la Prefectura de Control de Armas y Explosivos de Carabineros OS-11, llegó hasta la Prefectura Magallanes de la ciudad de Punta Arenas.
Landero estaba a cargo de la Comisión Revisora compuesta por el Suboficial Mayor Alexandra Arriagada Henríquez, Cabo 2° Paola González Lacoste y Sargento 1° Cristian Martínez Ruz, con la finalidad de realizar una visita técnica a las Autoridades Fiscalizadoras.
Lo primero que revisaron fue la caja fuerte ubicada en la oficina de atención al público. Ahí se encontraron con una pistola Smith and Wesson, calibre 9 mm. la cual estaba con encargo por el delito de robo en lugar no habitado, según el parte N° 816 del 15 de marzo de 2019 de la 4° Comisaría de Con Con.
Al interior de la caja fuerte también había un revolver Smith and Wesson con el número de serie borrado y una gran cantidad de municiones y proyectiles de diverso calibre. Ni las armas ni las municiones tenían algún documento que indicara de dónde provenían y cómo habían llegado hasta ahí.
Si encontrar un arma que estaba encargada por robo a más de 10 kilómetros era algo sospechoso, lo que encontrarían en la bóveda dejaría a cualquiera con la boca abierta.
Landero y su equipo se dirigieron bajó hasta la bóveda de armas donde encontraron nada menos que un lanzacohetes calibre 67 mm. antiblindaje, fuegos artificiales que debían haber sido destruidos en 2018 según orden del Juzgado de Policía local de Punta Arenas, 20 cohetes lanza cabos (material explosivo) y diversa munición entregada voluntariamente, además de una caja de cartón con 14 cargadores, una pistola, un revolver a fogueo y una serie de municiones y proyectiles de diverso calibre.
Al igual que lo encontrado en la caja fuerte, ni el lanzacohetes como las otras armas y municiones contaban con algún tipo de documentación que pudiera dar pistas de su procedencia y cómo habían llegado hasta ese lugar.
“1 lanzacohetes, calibre 67 mm. anti blindaje, el cual solo mantiene un oficio remisor de la Policía de Investigaciones de Chile, fechado en el años 2015, sin mantener número de causa, cadena de custodia y registro documental que acredite su procedencia y tratamiento judicial”, dice la declaración del Teniente Coronel Landero.
Eso es lo que indica el oficio de carácter reservado de la Sección de Asuntos Internos Magallanes enviado a la Fiscalía Local de Punta Arenas el 26 de noviembre, con la finalidad de informar sobre el arsenal encontrado y por las irregularidades y falta de documentación podía revestir carácter de delito.
Pero si eso ya es llamativo, lo es también el lugar en que se encuentra la bóveda: bajo de la Intendencia Regional de Magallanes.
En estricto rigor, la visita técnica se realizó en la Prefectura Magallanes ubicada en la calle Juez Waldo Seguel 653, la que está a un costado de la Intendencia, por lo que la bóveda está justo debajo de los dos inmuebles.
Además de lo irregular de que haya armamento de guerra justo debajo de la Intendencia, sin saber cómo llegaron hasta ahí, lo que llama la atención es que haya armas desde hace más de dos años, lo que deja en evidencia que las revisiones periódicas no se realizaron, como lo establece la Ley de Control de Armas y el reglamento de armamento y municiones, que señala que se deben hacer revisiones periódicas una vez al mes o por lo menos una vez al año.
“Por eso se pierden las armas en Chile”, dice el abogado Claudio Cofré, conocedor del tema y del documento de carácter reservado de la Sección de Asuntos Internos.
Según Cofré, quien además fue oficial de Carabineros y hoy defiende a policías en una infinidad de causas, las armas siguen ahí y seguramente no van a haber formalizados, ya que como siempre ocurre, el hilo se corta por lo más delgado: si a alguien harán responsable, no será a los latos mandos.
“De acuerdo a la ley de control de armas, hay tres responsables: el jefe de zona, el prefecto y el comisario, porque ellos son los que tienen que fiscalizar, controlar y verificar que las armas que están a disposición de los tribunales y que se ordena destruir se destruyan”, señala en conversación con La Red.cl.
El abogado apunta al prefecto como uno de los responsables del desorden que hay en la bóveda. “Él no fiscalizó durante dos años, el documento lo dice. Entonces los responsables son ciertos oficiales, jefes (…) está super clara esa responsabilidad penal y administrativa”.
Pero Cofré va más allá y pone el acento en el lugar en que se encuentra el armamento y los explosivos, justo debajo de la intendencia, donde seguramente ni los funcionarios están al tanto de que están encima de un polvorín.
“La Prefectura está al lado de la Intendencia. La bodega está entre los dos edificios. El problema no es si está dos metros más acá o más allá. El problema es que no debería estar ahí”, señala.
Teniendo en cuenta los miles de millones que recibe Carabineros, no se entiende cómo no tienen recursos para disponer de un lugar apropiado y seguro para guardar las armas incautadas.
Según las cifras que maneja, solo en Santiago hubo más de 10 mil millones de pesos en ganancias por trámites internos por temas de armas, de los cuales el 0,5% va directamente a arcas fiscales de Carabineros.
“Con tanto dinero, cómo no van a tener una bodega implementada especialmente para material bélico, como explosivos, munición, depósito de municiones especiales y la destrucción de armas incautadas”, se pregunta Cofré.
Pero el hallazgo bajo la Intendencia Regional de Magallanes podía servir como un botón de lo que ocurre en varias ciudades de Chile. “San Antonio pasa lo mismo. Las armas que los particulares entregaban las transferían. Hay dos funcionarios presos. En Arica, en Iquique se perdieron cientos de armas por lo mismo”, afirma.
Pero la responsabilidad, según Cofré, no es solo de Carabineros, sino que también del Ministerio Público, debido a que muchas de las armas tienen que estar incautadas en procedimientos policiales y el fiscal tiene que tener conocimiento y estar al tanto de las armas que se enviaron para destruir.
En total son 1 lanzacohetes anti blindaje, 1 pisola, 1 revolver, 5 cargadores, 3 pistolas a fogueo, 20 cohetes lanza cabos y una centena de municiones, proyectiles y fuegos de artificio.
El oficio señala que se ordena investigar pero al mismo tiempo, respecto al armamento, munición y fuegos de artificio, deberán ser fijados fotográficamente y levantados con su respectiva cadena de custodia, “quedando las especies en custodia en la misma bóveda de almacenamiento”, es decir, se ordena que sigan bajo la Intendencia.
