La Convención Constitucional, a través de la comisión de Derechos Fundamentales, aprobó -en general- una iniciativa para restituir tierras y recursos naturales a los pueblos originarios. Para ello, se conformarán dos órganos: una comisión, que reciba denuncias y realice un catastro, y un tribunal, que decida los métodos de devolución. Esta propuesta todavía debe enfrentar su discusión en particular, por lo que podría sufrir modificaciones.
Este viernes, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó, en general, una iniciativa por la restitución y deber de reintegro de tierras, territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas.
La propuesta considera la creación de una “Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena”, cuya finalidad será recibir las demandas de las naciones originarias.
Además, deberá realizar un catastro sobre propiedades que se encuentran en dominio de terceros, particulares o el Fisco. De esta forma, podrá “elaborar un plan concreto de demarcación, registro o titulación y/o restitución, según corresponda”.
“Para su integración, el Gobierno designará expertos de comprobada experiencia en la materia a propuesta de una terna presentada por cada pueblo y nación indígena. También formarán parte de esta comisión representantes de los pueblos y naciones indígenas designados de acuerdo a sus propios procedimientos internos”, detalla el documento.
Finalmente, se generará un “Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas”, que se encargará de conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de reparación y remedios alternativos a la expropiación.
Rosa Catrileo, representante del Pueblo Mapuche, sostuvo que “la restitución territorial de los pueblos indígenas es una causa de utilidad pública, por lo tanto, podría proceder una posible expropiación para materializar esta demanda”.
Asimismo, expresó que tiene confianza en lograr el quórum de 2/3 (103 votos) si es que la iniciativa pasa al Pleno. Sin embargo, antes debe ser revisada en particular por la misma comisión, por lo que podría sufrir modificaciones.
