No pocos funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric se han mostrado en contra de la actividad industrial en el mar. Aun si eso termina generando una crisis económica y la pérdida de miles de empleos.
Hace unas horas, un nuevo ejemplo.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos incorrectos en el Congreso acerca de la captura de merluza común de parte del sector industrial.
No es una cuestión menor, en verdad, todo lo contrario. Porque ahora se lo acusa desde distintos frentes a Salas de haber falseado información, en una cadena de intereses, que terminó con el anunció del fin de actividades de una empresa que involucra a más de 3500 personas entre trabajos directos e indirectos en la región del Bío Bío.
Salas aseguró que la industria capturó solo el 61% de la cuota asignada en 2024, mientras que datos consignados por la empresa PacificBlu revelan una cifra del 99% . Con este dato se dio curso a una discusión sobre las nuevas cuotas permitidas para la nueva temporada.
“Más allá de las intencionalidades que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario era un dato que no correspondía”, dijo el ministro Grau a Radio Bio Bio y como suele decirse en estos casos, quedó esclavo de sus palabras.
“En las discusiones anteriores, en general —porque lo había presentado ya la industria—, el dato que se manejaba es de sobre el 90%. Por lo tanto, es importante también que tengamos una conversación con todos los datos sobre la mesa, eso es cierto», agregó, pero el ruido que provocaron los datos erróneos y sus declaraciones ya cubrían el aire de la opinión pública en Chile.
Luego Grau intentó poner paños fríos al asunto y aseguró que “no hubo ninguna intencionalidad en ese caso y, además, el problema que acabo de plantear antes, que es esta discusión y esta diferencia que existe entre las Cámaras, existieron antes de que se presentara este dato”.
La aprobación de una nueva distribución de la cuota de merluza común asignó un 52% a la pesca artesanal y otro 48% a la industrial colocando a la industria en una posición peligrosa para su desempeño económico.
En 2024 el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Salas, había insistido con una idea que ya traía desde 2023 acerca de que la industria salmonicultora chilena abandone el territorio chileno.
Prontamente fue retrucado por las empresas y trabajadores ante las duras consecuencias que traería una decisión de este tipo.
Por su parte, y basándose en las cuotas, la empresa PacificBlu anunció que cerrará sus operaciones en enero de 2026, argumentando que la decisión se basó en datos erróneos y afectará a miles de empleos en la región del Biobío. “Hace inviable la continuidad de nuestras operaciones en las condiciones actuales, un hecho que advertimos formalmente al Gobierno en reiteradas ocasiones y de manera pública con argumentos técnicos, económicos y sociales fundados”, señaló el gerente general de la empresa, Marcel Moenne.
El ejecutivo apuntó contra Salas, al que acusó de utilizar “datos falsos y no rigurosos generando confusión en el debate parlamentario”.
El ministro Grau adelantó que se reunirá con los representantes de PacificBlu para destrabar el conflicto. Mientras tanto el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra declaró a Grau “persona no grata”. “ “Vamos a agotar todas las instancias para que este fraccionamiento sea modificado”, dijo el alcalde a los medios.
En este marco, el senador Gastón Saavedra exigió la renuncia del ministro de Economía, Nicolás Grau, y del subsecretario de Pesca, Julio Salas. “Los juristas dirían: a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando un ministro de Estado reconoce que se han enviado datos erróneos al Congreso para que luego los legisladores lo tomen como base para su decisión, esto causa efectos negativos, tan negativos como que las empresas tendrían que cerrar y dejar a 3.500 personas sin trabajo”, dijo el senador.
“Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo porque creo que eso es lo correcto”, afirmó.
El parlamentario además solicitó al presidente de la comisión mixta, senador Fidel Espinoza, reconsiderar el proceso legislativo antes de que pase a sala, en relación a los números de la merluza.
“El respeto al Estado de Derecho no solo implica cumplir las leyes, sino también actuar con la estatura ética que exige el mandato que el presidente otorga a sus autoridades”, dijo.
“Comisión Mixta aprueba entregar un 52% de la cuota de la merluza común a la pesca artesanal y un 48% a la industrial”, informó el Senado en su canal de comunicación en línea.
“En cuanto a la distribución de la pesquería de la merluza común en el área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, se registró un extenso debate luego que los diputados y senadores analizaran las implicancias que tendrían distintos porcentajes en la pesca artesanal e industrial, en particular en el empleo y la sustentabilidad del recurso”, detalla el reporte oficial. “Así se presentaron distintas indicaciones aprobándose la respaldada por el Ejecutivo que destina un 52% de la cuota a la pesca artesanal y un 48% a la industrial”, explica.
Fuentes: Emol, Radio Bio Bio, Comunicaciones del Senado
