Contraloría dio a conocer en las últimas horas irregularidades cometidas por la administración de la alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, y que apuntan a la contratación del abogado Carlos Hidalgo Guerrero, quien ha estado a cargo de llevar las acciones judiciales en contra de la administración del ex alcalde Fernando Paredes.
Dicho informe indica que durante el periodo agosto 2021 y septiembre 2022 al abogado en cuestión se le pagó un total de $55 millones con fondos que fueron utilizados directamente desde la subvención escolar. Y al mismo tiempo, se pudo determinar que el mismo abogado realizó varias acciones en favor de la Municipalidad de Natales, siendo que su contrato es con la Corporación Municipal de Natales, y que además no están detalladas en su contrato.
En el informe de Contraloría se señala que el 2 de agosto de 2021, el abogado fue contratado por la Cormunat, por un monto de $3.954.802 y su duración se establecía mientras durara la causa judicial contra el ex alcalde Fernando Paredes: “Abogado Hidalgo presenta denuncias por daños en bienes públicos, accidentes en la vía pública, denuncia por incendio del vertedero municipal, defensa de la alcaldesa por querella presentada por el ciudadano chino Chengquan, y además asume patrocinio en querellas presentadas por la Municipalidad de Natales sin que exista vínculo entre el abogado Hidalgo y la municipalidad”. Estas acciones según establece Contraloría “son funciones propias y habituales del municipio encomendadas a la Unidad de Asesoría Jurídica del municipio de acuerdo con la Ley 18.883, las cuales deben ser desempeñadas por funcionarios de planta o a contrata, no procediendo su entrega a terceros ajenos a la administración del municipio”.
De este modo la Contraloría Regional de Magallanes envió todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y asimismo, iniciará un procedimiento disciplinario con tal de determinar las eventuales irregularidades cometidas por la administración de Oyarzo, luego de haber usado recursos exclusivos para la educación comunal en el pago de servicios para la municipalidad.