Por tres horas, el abogado penalista Jorge Gálvez expuso este viernes ante la comisión encargada de conocer la acusación constitucional deducida en contra del Presidente Sebastián Piñera por su presunta participación en la venta de la minera Dominga, asegurando que el texto está basado en «hechos falsos» y especulaciones.
Durante su presentación ante la instancia, el jurista fue acompañado por el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien en la antesala de la cita realizada en la sala Inés Enríquez de la Cámara de Diputados, señaló que el libelo es «se basa en hechos falsos o que han sido relatados de forma mañosa y tergiversada».
Asimismo, el secretario de Estado recalcó que en la ocasión se acreditaría «el evidente mal uso electoral» de la herramienta, tesis que fue desarrollada por Gálvez durante su intervención, en la cual realizó un análisis desde la perspectiva de los hechos y del derecho, subrayando la presencia de situaciones falsas en el documento. Al respecto, el defensor señaló que «intentaré persuadir a esta comisión para que en que su informe recomiende el rechazo de esta acusación, por cuanto ella carece de todo argumento fáctico y jurídico (…) y pueda comprender que asistimos a una acusación que más allá de un inteligente uso del lenguaje, de una serie de recursos que se utiliza para efectos e adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece ningún hecho que sea constitutivo de los ilícitos constitucionales que en ella se imputan». «Demostraré que la acusación se basa en hechos falsos, desde una perspectiva estrictamente fáctica, no tiene ni ofrece prueba de sus dichos, se basa en meras especulaciones que reconoce expresamente como tales.
Es decir, frecuentemente hace inferencias y establece sospechas, cuestión que desde luego no satisface el estatuto de una acusación y mucho menos una constitucional», afirmó. Según Gálvez, la acusación «se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial y esto es muy relevante, por cuanto el texto expreso del artículo 52 número 2, letra A de la Constitución limita la posibilidad de establecer hechos susceptibles de los ilícitos constitucionales invocados al actual periodo». «La acusación que nos convoca ha intentado revivir hechos del pasado que ya quedaron en su oportunidad demostrados como inefectivos». dijo Jorge Gálvez, abogado defensor Presidente Piñera.
«Mediante una serie de recursos argumentativos bastante forzados, la acusación que nos convoca ha intentado revivir hechos del pasado que ya quedaron en su oportunidad demostrados como inefectivos, que fueron objeto de sucesivos pronunciamientos e investigaciones», agregó. Entre ellas, mencionó la realizada por parte del Ministerio Público, el juzgado de garantía, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Contraloría, el SII y la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otras, las cuales «establecieron las bases fácticas en términos radicalmente distintos de como hoy se intentan construir». «Además se trata de hechos que no son efectivos, pero que además se tratan de traer desde el pasado para darles una realidad presente y por lo tanto eludir las limitaciones claras que establece la Constitución a efectos de determinar los supuestos de posibles ilícitos constitucionales», remarcó.
